Este mediodía el equipo fiscal que lleva adelante el legajo que investiga a tres personas por el delito de “defraudación de derechos de los fiduciarios” formularon cargos tras una denuncia que ratificaron 130 personas. Se trata de Blanca Gómez, su hija Ángela Aguirre (quienes eran administradoras del emprendimiento) y Miguel Bohnert, el esposo de la última (acusado de ser partícipe necesario). La acusación sostiene que desviaron los fondos de los beneficiarios en beneficio propio.
Según la acusación fiscal, el hecho habría ocurrido a partir del contrato del “Fideicomiso Bardas Del Sol”, un emprendimiento inmobiliario. Concretamente dos de las imputadas- madre e hija-, en su carácter de administradoras del lugar ubicado en Av. Las Petunias frente al Barrio Entre Aguas 3- de General Roca, y en connivencia con quien es el esposo de una de ellas, habría desviado el objeto del fideicomiso defraudando a los beneficiarios y utilizando los fondos en beneficio propio”.
“La maniobra habría consistido en simular contrataciones desde el fideicomiso hacia una empresa mencionada, a la que habrían contratado en reiteradas oportunidades, pagando a la misma sobreprecios”, detallaron las fiscales.
“Con este accionar, las imputadas y el imputado habrían abusando de la confianza depositada por los beneficiarios, concretando en forma sistémica y continuada varias maniobras defraudatorias”, agregó la fiscalía.
“Una de las imputadas les decía a los beneficiarios que la gestión estaba realizada, cuando en realidad no era real. De esta manera, habrían actuado dolosamente, dispusieron y perjudicaron los intereses que les fueron confiados, excediéndose de sus facultades respecto a la administración de un patrimonio ajeno”, señalaron las fiscales.
La calificación legal por la que fueron imputadas es la de ser co-autoras de “ defraudación de derechos de los fiduciarios”, mientras que el hombre fue señalado como partícipe necesario.
Entre la evidencia que la fiscalía mencionó para esta etapa de formulación de cargos se encuentran: la denuncia penal y la ratificación de la misma por parte de más de 130 contratantes, informes de dominio de facturas de compra de maquinarias, informe del registro de las personas jurídicas, expediente civil, el contrato, boleto de compraventa, acta de acuerdo de mediación, y demás documentación de importancia para la causa.
Por su parte, el defensor penal público que asiste a una de las mujeres aceptó la formulación de cargos, expresando que oportunamente traerá la prueba que sustenta su teoría del caso. Mientras que la defensora que representa al hombre y a la otra mujer se opuso a la imputación.
El juez de Garantías interviniente en la audiencia tuvo por formulados los cargos en los términos esgrimidos por el Ministerio Público Fiscal, teniendo presente que “la fiscalía no sólo ha logrado identificar a los damnificados, y la calificación legal es acorde a lo que habría realizado cada una de las personas imputadas”.
De esta manera, se inició la etapa penal preparatoria por el plazo de 4 meses. Cabe mencionar que existe un expediente civil que está en trámite por estos hechos y en ese marco se han resuelto medidas cautelares que se encuentran vigentes.
