Fuerte cruce político en Roca por la brecha salarial entre empleados municipales y provinciales

El escenario político de General Roca se vio sacudido en las últimas horas tras la difusión de un informe comparativo que expone una marcada disparidad en la estructura salarial de la ciudad. La controversia cobró fuerza a partir de una presentación realizada por la concejal Belén Bavastri (Juntos Somos Río Negro), quien contrastó los ingresos de los agentes municipales con los de la administración pública provincial, arrojando una brecha promedio del 54% en perjuicio de los empleados locales.

De acuerdo con los datos relevados, la diferencia nominal entre ambas jurisdicciones supera los 500.000 pesos en el promedio de las categorías analizadas. Mientras que el salario medio en la provincia se ubica en el orden de los 1.443.000 pesos, en el municipio roquense esa cifra desciende a los 937.000 pesos. El punto más crítico del informe señala que los trabajadores pertenecientes a la Categoría 16 perciben ingresos de 585.812 pesos, un monto que queda por debajo de los 658.011 pesos necesarios para cubrir la canasta básica alimentaria.

Bavastri dirigió sus críticas directamente hacia la intendenta María Emilia Soria, cuestionando la coherencia entre el discurso de defensa de los derechos laborales y la realidad económica de los municipales. Según la edil, el argumento de la falta de recursos que esgrime la comuna choca con el financiamiento de grandes eventos. En su visión, existe una prioridad en el gasto destinado a fiestas nacionales y locales que arrojan saldos negativos, en detrimento de la recomposición salarial de los trabajadores.

La denuncia profundiza la tensión en el Concejo Deliberante, donde la oposición busca instalar el debate sobre el modelo de gestión local. Para la representante de JSRN, se trata de un «ajuste brutal» que posiciona a los empleados de General Roca entre los peor remunerados de toda la provincia. Hasta el momento, el debate se sostiene sobre la contundencia de las cifras presentadas, que ponen en jaque la política de haberes de una gestión que, históricamente, ha hecho de la justicia social una de sus principales banderas.