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El PRO reclama el bloqueo de celulares en las cárceles y Juan Martín lanzó duras críticas a la relación entre Weretilneck y Pesatti

El legislador solicitó que la provincia implemente inhibidores de señal en los penales para frenar delitos organizados desde el interior. Además, cuestionó el funcionamiento de la Legislatura y comparó el vínculo entre el Gobernador y el Vice con el dúo "Pimpinela".

El bloque de legisladores del PRO en Río Negro volvió a poner sobre la mesa la necesidad de bloquear las señales de telefonía móvil en los establecimientos penitenciarios de la provincia. El reclamo se alinea con la reciente resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación y busca impedir que se coordinen estafas, secuestros virtuales y extorsiones desde las celdas, una problemática que, según el legislador Juan Martín, debe cortarse «de raíz».

La iniciativa retoma un proyecto de ley presentado a principios de 2025 que no logró avanzar en las comisiones legislativas. Martín expresó su preocupación por la falta de tratamiento de este tema por parte del oficialismo, calificando como «incomprensible» que no se haya avanzado antes en una medida que considera básica para la seguridad pública. En este sentido, aclaró que la implementación técnica debe ser precisa para no afectar la señal de los vecinos que residen en las cercanías de las unidades penales.

Más allá del reclamo de seguridad, el presidente de la bancada del PRO lanzó fuertes declaraciones políticas sobre la dinámica del Gobierno provincial. Al referirse al vínculo entre el gobernador Alberto Weretilneck y el vicegobernador Pedro Pesatti, comparó la relación con el dúo musical «Pimpinela», sugiriendo que las idas y vueltas entre ambos podrían estar afectando la agenda parlamentaria.

«Esperamos no tener problemas en la relación de Pimpinela que tienen Weretilneck y Pesatti y podamos tratar más temas», disparó el legislador. Finalmente, instó a que la Legislatura demuestre mayor productividad y profundidad en sus debates, proponiendo que el cuerpo sesione cada 15 días para dar respuesta a las demandas que la sociedad rionegrina reclama con urgencia.

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