El conflicto por las fotomultas en General Roca sumó un capítulo decisivo este jueves con la presentación de un extenso descargo administrativo que busca dar de baja el sistema de control de tránsito. El documento, elaborado por vecinos y profesionales del derecho, detalla una serie de inconsistencias técnicas que, según los denunciantes, invalidan de forma automática cualquier acta de infracción labrada hasta la fecha. El eje central de la acusación radica en que los dispositivos instalados en los semáforos y puntos de control de velocidad no acreditaron el cumplimiento de los protocolos de auditoría que exigen tanto el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) como la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
En el texto presentado ante las autoridades municipales, se hace especial hincapié en que la implementación del sistema parece haber priorizado el afán recaudatorio por sobre la seguridad vial. Los recurrentes sostienen que la ley nacional de tránsito es clara al exigir que cualquier mecanismo de control automático debe estar debidamente señalizado con cartelería que informe de manera inequívoca la presencia de radares, una condición que hoy se cumple de forma parcial o deficiente en las calles de la ciudad. Para los denunciantes, esta omisión convierte a las cámaras en «trampas de velocidad» que vulneran el espíritu preventivo de la norma y afectan directamente el patrimonio de los vecinos bajo un procedimiento que califican de arbitrario.
Además de las falencias técnicas, el reclamo administrativo apunta a la cadena de custodia de los datos y a la falta de transparencia en el contrato con la empresa prestataria del servicio. Se argumenta que existen errores sistemáticos en las notificaciones recibidas por los contribuyentes, donde en muchos casos se omiten fotos claras de la infracción o se registran fechas que no coinciden con la realidad del hecho. Ante este escenario de presunta irregularidad, el grupo de vecinos solicitó formalmente la suspensión inmediata del cobro de las multas y la anulación del convenio vigente, advirtiendo que, de no mediar una respuesta favorable por parte de la gestión local, el conflicto se trasladará a la justicia ordinaria mediante una acción de amparo colectiva.
