La gestión municipal en Allen atraviesa momentos de fuerte tensión política, económica e institucional. Con expresión creciente de malestar ciudadano, el intendente Marcelo Román –único representante de La Libertad Avanza en la provincia– optó por una estrategia insólita: promover una campaña pública de adhesión mediante recolección de firmas, difundida a través de mensajes en WhatsApp que mostraban notas firmadas por vecinos en apoyo a su administración.
La iniciativa se lanzó poco después de que Román enviara al Concejo Deliberante un proyecto para declarar el estado de emergencia económica, financiera y fiscal. En su justificación, el intendente atribuyó la crisis a la diferencia entre la inflación (117,8 % en 2024 y 36,6 % en 2025 hasta julio) y el escaso aumento recaudatorio en tasas municipales, que no acompañó ese ritmo inflacionario. Además responsabilizó al esquema tributario nacional, que, según él, redujo recursos por coparticipación, limitando gravemente la capacidad del municipio para cumplir con sus funciones básicas.
Al mismo tiempo, un grupo de vecinos denunció en redes sociales que la difusión de la campaña fue parte de un esquema coercitivo: mientras se entregaban pelotas en un barrio de la ciudad, se les pidió firmar una nota de apoyo. Las imágenes con firmas dispuestas de manera informal se viralizaron en redes, junto a un mensaje del intendente que celebraba a “mis vecinos, firmes y sin parar por nuestro Allen”.
El proyecto de emergencia, que habilita al Ejecutivo municipal a ajustar el presupuesto, suspender exenciones y renegociar contratos por seis meses –con posibilidad de extenderse otro semestre– plantea un escenario de intervención económica profundo. Incluye medidas como controlar concesiones, revisar ordenanzas fiscales y suspender subsidios o exenciones para equilibrar las cuentas. También denuncia una deuda de más de 3.100 millones de pesos en tasas impagas, en un porcentaje considerable heredado de gestiones anteriores con elevado nivel de incobrabilidad.
El escenario político local se tensó aún más cuando, tras un mes de protestas de trabajadores y vecinos por despidos de personal contratado (reincorporado luego por orden judicial), esta campaña de apoyo comenzó a interpretarse como un gesto desesperado del oficialismo para recuperar legitimidad pública sin abordar los reclamos estructurales.
Por su parte, desde la oposición y sectores sociales se cuestionó la legitimidad de una campaña impulsada desde el Estado local, exigiendo una canalización institucional de los respaldos, no vinculada a la entrega de beneficios o a naturales espacios de encuentro comunitario.
Finalmente, esta movilización de firmas y solicitudes de respaldo –más allá de su resultado simbólico– provocó un fuerte debate público sobre la relación entre gestión, legitimidad y formas de comunicación política en contextos de crisis local.
