Río Negro metió un avance clave para cuidar sus recursos naturales y asegurar un ingreso de plata importantísimo para la provincia. La Legislatura rionegrina aprobó por mayoría un proyecto impulsado por el gobernador Alberto Weretilneck que le da fuerza de ley a un reclamo de años: cobrar por el agua que usan las grandes represas hidroeléctricas para generar energía. En concreto, la provincia se aseguró recibir el equivalente al 1% de toda la energía que comercialicen las empresas concesionarias en la región del Comahue. La jugada no es un impuesto nuevo sacado de la galera, sino que deja asentado en los papeles de la provincia lo que ya se había negociado y firmado con las empresas durante la última renovación de los contratos.
El acuerdo es redondo y se armó en sintonía con la vecina provincia de Neuquén. Las plantas hidroeléctricas que están instaladas sobre las cuencas de los ríos Limay, Negro y Neuquén pagarán un canon total del 2% por el uso del recurso hídrico, el cual se repartirá en partes exactamente iguales (mitad y mitad) entre las dos provincias patagónicas. Con este respaldo de los legisladores, Río Negro ordena sus leyes de cara a los nuevos tiempos y le da un marco de total seguridad a los acuerdos, garantizando que ese beneficio quede firme y no dependa de los gobiernos de turno.
Para bajar la letra chica a tierra, el titular del Departamento Provincial de Aguas, Néstor Pérez, explicó que la medida sirve para poner orden y darle coherencia al marco legal actual, reflejando en las leyes rionegrinas una realidad que ya estaba en los contratos. El funcionario recordó un dato que es fundamental para entender el reclamo: desde la reforma de la Constitución Nacional en 1994, el agua de los ríos pertenece a las provincias y no a la Nación. Por eso, durante las negociaciones para renovar las concesiones, el gobierno rionegrino peleó firme para que ese derecho se traduzca en un beneficio económico real para la región, logrando un triunfo estratégico que ahora ya es ley.
