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El Gobierno oficializó la venta de acciones de las represas del Comahue y estableció plazos para las concesionarias

A través de un decreto publicado este martes, el Ejecutivo nacional autorizó la transferencia de acciones de cuatro centrales hidroeléctricas ubicadas en Neuquén y Río Negro e instauró plazos precisos para que las operadoras actuales adhieran al nuevo esquema concesional y sigan funcionando hasta fin de 2025.

El Gobierno de Javier Milei avanzó un paso clave en la reprivatización del sistema energético: mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, autorizó la “transferencia de las acciones de las empresas” y la venta del paquete accionario mayoritario de los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, operados en Neuquén y Río Negro.

Como parte del nuevo marco regulatorio, las actuales concesionarias —Orazul Energy Cerros Colorados SA, ENEL Generación El Chocón SA, AES Argentina Generación SA y Central Puerto SA— cuentan ahora con cinco días corridos desde la publicación del decreto para remitir una “Carta de Adhesión” que les permita continuar operando hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que se complete el proceso licitatorio,

Si las empresas no adhieren en tiempo y forma, quedarán obligadas a garantizar el suministro energético por un período no menor a 90 días hábiles administrativos, mientras el Estado define un nuevo operador.

El decreto confía la regulación del concurso público nacional e internacional — considerado “competitivo y expeditivo” — al Ministerio de Economía junto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Ambos organismos tendrán a su cargo los detalles del proceso: pliegos técnicos, condiciones de operación, seguridad, medio ambiente y estructura contractual de las nuevas concesiones.

A su vez, este avance se da en el marco de un acuerdo postergado durante más de 30 años entre el Estado y las provincias implicadas. Los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro) destacaron que la nueva normativa incluye el reconocimiento de derechos históricos: canon por uso del agua, más regalías en dólares, energía en especie y un fondo para obras de seguridad hídrica, trazando una condición positiva para las provincias tras una larga disputa.

Julian Fernández

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