Un procedimiento liderado por la Justicia Federal puso al descubierto un sofisticado esquema de acopio y distribución de sustancias y mercadería prohibida en el Establecimiento de Ejecución Penal de Cipolletti. La intervención, que se extendió por casi dos días, permitió desmantelar un circuito económico ilegal que involucraría tanto a internos como a personal con acceso a áreas sensibles.
El hallazgo de este centro de distribución intramuros plantea un interrogante ineludible sobre la política de seguridad regional. En un contexto donde la imposibilidad de realizar allanamientos nocturnos es señalada como un obstáculo para combatir los puntos de venta en los barrios de Río Negro, la existencia de una red que operaba con logística constante dentro de un predio custodiado por el Estado evidencia una profunda falla en los protocolos de control y prevención.
Resultados de las requisas
Bajo la supervisión del fiscal federal Matías Zanona y el auxiliar Facundo Lencinas, el gabinete de Criminalística y la Policía de Río Negro incautaron una cantidad significativa de elementos que confirman la magnitud del negocio:
Estupefacientes: Se hallaron abundantes frascos de marihuana y una dosis «considerable» de cocaína oculta en entretechos y áreas de uso restringido.
Tecnología y logística: Secuestraron 174 cartones de cigarrillos, decenas de teléfonos celulares de última generación y chips de telefonía móvil.
Mercadería de lujo: Llamó la atención el secuestro de indumentaria deportiva y zapatillas nuevas, muchas de ellas aún con etiquetas de fábrica.
El foco de los investigadores se sitúa en el área de enfermería, la cual habría funcionado como epicentro logístico para el ingreso y resguardo de la mercadería. Se sospecha de una persona de «confianza» vinculada al sector sanitario que, aprovechando la flexibilidad de movimientos y la falta de controles rigurosos, facilitaba el flujo de sustancias y bienes.
Además del tráfico de drogas, la Justicia Federal intenta desentrañar un posible circuito de estafas con tarjetas de crédito. La hipótesis sugiere que los bienes de lujo eran adquiridos mediante transacciones fraudulentas en el exterior para luego ser comercializados dentro de la población carcelaria, generando ingresos millonarios difíciles de rastrear por las vías legales.
