Debate por la imputabilidad: el legislador Juan Martín respalda la reforma para bajar la edad a 12 años

El debate sobre la baja en la edad de imputabilidad volvió a instalarse con fuerza en la agenda política de Río Negro tras el apoyo explícito del legislador Juan Martín. Para el parlamentario, la discusión ya no admite postergaciones debido a un cambio en la naturaleza de los delitos en el país. Según planteó, la realidad actual muestra crímenes cada vez más violentos donde los menores son utilizados por bandas organizadas para garantizarse impunidad frente a la ley. En este sentido, Martín aseguró que actualizar las reglas es una forma de proteger a las víctimas que hoy se sienten «desprotegidas ante un Estado ausente».

El legislador llamó a la dirigencia política a «dejar de lado prejuicios ideológicos» y aclaró que su postura no busca simplemente criminalizar a la juventud. Por el contrario, argumentó que bajar la edad, con una propuesta que el Gobierno Nacional busca llevar a los 12 años, significa asumir que quien comete un delito grave debe enfrentar las consecuencias bajo un régimen proporcional. Según su visión, este nuevo sistema debería tener un fuerte énfasis en la reeducación y la reinserción, pero sin permitir que la edad funcione como un escudo legal para eludir la justicia.

«Proteger a los menores no puede significar desproteger a las víctimas», añadió el referente provincial, remarcando que el Estado no puede renunciar a hacer cumplir la ley. Para Juan Martín, el acompañamiento a esta reforma es una respuesta directa a la demanda de la sociedad que exige vivir en paz y cumplir con las normas. Sostuvo que la medida enviará un mensaje claro contra las «zonas liberadas» y las excusas legales que, a su criterio, han permitido que el delito avance en las últimas décadas.

Con este posicionamiento, el bloque de Unión Republicana en Río Negro ratifica su sintonía con las políticas de seguridad de la administración central. La reforma de la Ley Penal Juvenil será uno de los ejes más calientes de las sesiones extraordinarias en el Congreso, donde el apoyo de legisladores provinciales será clave para determinar si la Argentina modifica finalmente una de sus normativas más antiguas y controvertidas en materia de justicia para menores.