Coparticipación en Río Negro: el Gobierno abre el debate para repartir los fondos con datos del Censo 2022

En un hecho histórico que promete reconfigurar las finanzas de cada localidad, el Gobierno de Río Negro inició formalmente el proceso para actualizar la coparticipación municipal. El encuentro, realizado en el Salón Gris de la Casa de Gobierno, sentó en la misma mesa a los jefes comunales de todas las fuerzas políticas para discutir una realidad insostenible: hoy los recursos se reparten con fotos de una provincia que ya no existe.

La urgencia del debate se explica en los números. El esquema actual de la Ley 1946 utiliza indicadores de hace tres décadas:

• El 40% del índice se basa en el Censo de 1991.
• Otro 40% se calcula según la recaudación de los años 1987, 1988 y 1989.
• Solo el 20% restante se reparte de forma igualitaria.

Hacia un reparto más justo

La intención del Ejecutivo es transparentar la información y aplicar los datos del Censo 2022. Esto beneficiaría a las ciudades que han tenido una explosión demográfica en los últimos años, pero representa un desafío para aquellas que han crecido a un ritmo menor y podrían ver disminuidos sus ingresos proporcionales.

«Es un debate complejo, pero necesario. Si no lo abordamos, generamos tensiones innecesarias entre comunidades», advirtió Weretilneck. El Ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez, presentó los primeros informes técnicos que servirán de base para las mesas de trabajo que comenzarán a funcionar en las próximas semanas con participación legislativa y municipal.

No solo se discutió la coparticipación federal e impositiva. El esquema de regalías (el dinero que queda en la provincia por la extracción de petróleo, gas y minerales) también entrará en revisión, ya que sus parámetros están congelados desde el año 2004. Con el auge de Vaca Muerta y los nuevos proyectos mineros, la provincia busca que este reparto también refleje el impacto productivo actual.

El llamado al diálogo ocurre en un contexto nacional de fuerte caída en la recaudación. Al no haber una decisión unilateral, el Gobierno busca que el nuevo índice nazca de un consenso político que evite judicializaciones. Participaron desde intendentes de grandes ciudades como Rodrigo Buteler (Cipolletti), Marcos Castro (Viedma) y Walter Cortés (Bariloche), hasta jefes comunales de la Línea Sur y pequeñas comisiones de fomento, todos conscientes de que lo que se decida marcará su capacidad de hacer obras y prestar servicios en la próxima década.