La tensión política entre el oficialismo y la oposición en Río Negro sumó un nuevo capítulo en torno al acceso a la información pública. El Gobierno provincial, a través de la Secretaría Legal y Técnica, emitió un informe detallado con el objetivo de demostrar un trabajo sostenido en la contestación de los requerimientos parlamentarios. Según los datos oficiales recabados entre enero y mayo de 2026, el Poder Ejecutivo dio respuesta a un total de 50 pedidos de informes ingresados desde los diferentes bloques de la Legislatura rionegrina.
La difusión de este balance funciona como una respuesta directa a las críticas de los sectores opositores, quienes vienen denunciando de manera recurrente trabas administrativas en el tratamiento de sus proyectos y retrasos deliberados en las contestaciones. Semanas atrás, el bloque Vamos con Todos había formalizado una denuncia pública acusando al Ejecutivo de incumplir de forma sistemática con los plazos previstos por la ley, advirtiendo sobre un escenario de opacidad en diversas áreas sensibles de la gestión pública.
El estado de los expedientes según el informe oficial
Para contrarrestar las acusaciones de «bloqueo», el desglose técnico presentado por la Secretaría Legal y Técnica expone la situación administrativa en la que se encuentran los 50 expedientes tramitados durante los primeros cinco meses del año fiscal:
- Finalizados: 29 expedientes cuentan con respuesta completa y trámite cerrado.
- Respuestas parciales: 8 requerimientos registran contestaciones en etapas.
- Prórrogas otorgadas: En 12 casos el Ejecutivo solicitó extensiones de tiempo, las cuales fueron debidamente aprobadas por el cuerpo legislativo.
Asimismo, desde el Gobierno provincial añadieron que recientemente se remitieron otros 51 informes correspondientes a expedientes iniciados en el transcurso de este año, a los que se sumaron 35 respuestas vinculadas a actuaciones pendientes del ejercicio 2025.
Una herramienta clave de control bajo disputa
Los pedidos de informes representan uno de los principales instrumentos constitucionales con los que cuentan los legisladores para ejercer el control de la administración pública, permitiendo auditar la ejecución de partidas presupuestarias, contratos de obras del Estado, licitaciones y el desarrollo de programas sociales.
Mientras que para el arco opositor la lentitud en la entrega de datos denota una falta de voluntad política para someterse al control parlamentario, desde el oficialismo argumentan que los plazos de tramitación obedecen exclusivamente a demoras técnicas y burocráticas ligadas a la complejidad de la documentación requerida. El cruce de datos y valoraciones ratifica que la transparencia en los actos de gobierno continúa siendo uno de los principales ejes de disputa en el escenario político provincial.
