El Concejo Deliberante de Bariloche se prepara para una de las asunciones más polémicas de los últimos años. Lucas Darío Pérez fue habilitado por la Junta Electoral para ocupar la banca vacante que dejó Glenda Cohen. Lo que debería ser un trámite institucional de rutina se ha transformado en un escándalo de proporciones, ya que el partido del gobernador Alberto Weretilneck busca despegarse de su propio candidato antes de que preste juramento.
El frente judicial es el más sensible. Pérez se encuentra imputado como coautor de una presunta estafa inmobiliaria ocurrida en el barrio Villa Los Coihues. Según la investigación de la Fiscalía N°1, el futuro concejal habría participado en una maniobra para engañar a un hombre mayor con deterioro cognitivo, logrando vender su propiedad a terceros que entregaron un auto, 10 millones de pesos y documentos por 37 mil dólares. El caso estalló cuando el damnificado apareció días después en un refugio para personas en situación de calle, sin recordar haber vendido su casa.
A pesar de la gravedad de la imputación y de que los cargos fueron reformulados en diciembre pasado, la legislación actual juega a favor de Pérez. En Bariloche no rige la normativa de «ficha limpia», lo que significa que un ciudadano puede asumir un cargo público mientras no tenga una condena firme. Al no existir una sentencia, Pérez goza de la presunción de inocencia y la Junta Electoral no tiene facultades para impedir su ingreso al cuerpo legislativo, basándose estrictamente en los resultados de la última elección.
El conflicto político, sin embargo, es igual de profundo. El apoderado de Juntos Somos Río Negro, Ignacio Rodríguez, ya presentó una batería de gestiones para que Pérez no sea parte del bloque oficialista. Las razones no son solo éticas por la causa judicial, sino también estratégicas: sospechan que Pérez mantiene vínculos estrechos con CREO, estando afiliado a un espacio que se perfila rival del albertismo para las próximas elecciones provinciales. La política mira con asombro al sello partidario CREO, que intenta implantarse como una alternativa, pero que presenta entre sus filas un patrón de procesos penales en cursos diametralmente opuesto a la prédica moral de su líder.
El concejal «paria» en el recinto
La asunción de Pérez dejará al bloque de Juntos Somos Río Negro con solo dos representantes, debilitando su poder de fuego legislativo. Todo indica que el nuevo concejal deberá conformar un monobloque propio, operando en soledad y bajo la constante mirada de la Justicia. La situación es inédita: un funcionario que llega al poder impulsado por la boleta de un partido que hoy lo considera un «caballo de Troya» y pide su expulsión antes de que se siente en la banca.
El destino de Pérez en el Concejo estará atado al avance de la causa por estafa en los tribunales locales. Mientras tanto, la política barilochense suma un nuevo capítulo de tensiones donde las lealtades se rompen y las causas judiciales se mezclan con la disputa por el control de la ciudad y la provincia.
