La escalada de amenazas en establecimientos educativos de Río Negro alcanzó este miércoles un pico de máxima preocupación. Según datos oficiales relevados por el Ministerio de Educación provincial, ya son 120 los colegios que reportaron mensajes intimidatorios, los cuales incluyen advertencias de tiroteos y ataques con armas de fuego. Marcela Strahl, directora General de Educación, detalló que el fenómeno afecta principalmente al nivel medio, con 98 escuelas secundarias involucradas, mientras que en el nivel primario se contabilizaron 22 instituciones.
El foco del conflicto se concentra de manera alarmante en General Roca, donde las autoridades confirmaron episodios en diez escuelas: seis secundarias —dos de ellas de gestión privada— y cuatro primarias. El modus operandi se repite en casi todos los casos: inscripciones manuscritas en las puertas de los baños que alertan sobre supuestos ataques inminentes. Ante este escenario, la cartera educativa inició un cruce de datos diario con el Ministerio de Seguridad para monitorear las denuncias radicadas a través del 911 y coordinar dispositivos preventivos en los accesos a los edificios.
A pesar de la gravedad de la situación, Strahl aclaró que desde el Gobierno no se ha dictado una prohibición general sobre el uso de mochilas, aunque reconoció que cada comunidad educativa está definiendo sus propios «dispositivos institucionales». En algunos establecimientos, padres y directivos acordaron que los alumnos asistan sin sus bolsos o que los adultos responsables realicen una revisión previa al ingreso, dado que el personal docente tiene prohibido legalmente invadir la privacidad de los estudiantes revisando sus pertenencias.
La principal hipótesis que maneja la justicia y el área de Educación vincula estas acciones con un «reto viral» que se ha replicado en distintos puntos del país, potenciado por un clima de violencia social que permea en las aulas. Si bien hasta el momento no se han hallado armas en ninguna de las instituciones requisadas, el Gobierno provincial instó a las familias a tomar conciencia sobre los riesgos legales y sociales que conlleva la difusión de estos mensajes, mientras se intenta normalizar el dictado de clases bajo una estricta vigilancia policial.
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