Una vecina de General Roca que fue víctima de un severo caso de fraude financiero tras sufrir un robo en la vía pública obtuvo un trascendental respaldo de la Justicia rionegrina. El calvario comenzó durante un viaje a la Ciudad de Buenos Aires, donde delincuentes le sustrajeron su documento nacional de identidad, dinero en efectivo, tarjetas de crédito y su teléfono celular con los accesos activos a diversas aplicaciones bancarias. Pese a que la damnificada radicó la denuncia policial el mismo día del hecho, los asaltantes lograron vulnerar los sistemas de seguridad digital y operaron en su nombre, solicitando préstamos a gran escala en el Banco Patagonia, Naranja Digital y Cencosud, además de vaciar los fondos de ahorro que poseía en la plataforma Naranja X.
Frente al rechazo inicial de las empresas a reconocer los reclamos administrativos y ante la inminencia de los vencimientos, la mujer recurrió al Poder Judicial de Roca solicitando una medida de protección urgente. El juzgado en lo Civil hizo lugar al planteo de manera preliminar y dictó una medida cautelar con una vigencia inicial de 60 días. Mediante este fallo, las entidades demandadas tienen estrictamente prohibido efectuar cobros, aplicar cargos, realizar intimaciones judiciales o extrajudiciales ligadas a los consumos desconocidos. Asimismo, la resolución prohíbe taxativamente que la usuaria sea reportada como deudora morosa en las bases de datos de riesgo crediticio como el Veraz o los registros del Banco Central.
Para fundamentar la sentencia interlocutoria, el magistrado interviniente evaluó el conjunto de pruebas aportadas, que incluyó las actuaciones policiales y las presentaciones ante la Dirección de Defensa del Consumidor, determinando la existencia de un peligro concreto en la demora que podría destruir el patrimonio de la afectada. El fallo encuadró el conflicto dentro de las normativas de las relaciones de consumo para garantizar una tutela judicial efectiva mientras se analiza el fondo de la estafa digital. En paralelo, la Justicia ordenó al Banco Industrial brindar un informe detallado sobre los movimientos de una cuenta radicada en su entidad, destino final adonde los ciberdelincuentes transfirieron la totalidad del dinero obtenido ilegalmente.
