El Estado argentino evalúa recurrir ante el CIADI para evitar el pago de 716 millones de dólares a la firma AES Corporation, tras un laudo arbitral que resolvió en contra del país en un conflicto por la pesificación de contratos energéticos ocurrida hace más de dos décadas.
La disputa tiene como eje la represa hidroeléctrica Alicurá, ubicada sobre el río Limay, en el límite entre Río Negro y Neuquén. La hidroeléctrica forma parte del sistema interconectado nacional y fue concesionada a AES durante la ola privatizadora de los años 90.
La sentencia del tribunal arbitral —que depende del Banco Mundial— se conoció a fines de mayo y obliga a la Argentina a compensar a la compañía por las pérdidas sufridas tras la salida de la convertibilidad, cuando el Estado transformó en pesos los ingresos originalmente dolarizados y congeló tarifas durante años.
AES había demandado al país por más de 1.800 millones de dólares, aunque el tribunal finalmente fijó un resarcimiento inferior, que igualmente genera preocupación en el Gobierno por su impacto fiscal.
La Procuración del Tesoro analiza ahora si interpone un recurso de nulidad, lo que permitiría suspender de manera provisoria la ejecución del laudo. Según trascendió, entre los argumentos posibles se mencionan fallos procesales, vicios de procedimiento y una presunta extralimitación de funciones por parte del tribunal arbitral.
Aunque no se descarta una eventual negociación con la empresa, en el Ejecutivo se muestran reacios a conceder beneficios adicionales, como condonaciones o reducciones de cánones a futuro.
El caso se produce en un contexto más amplio de revisión del modelo energético heredado. La represa Alicurá, inaugurada en los años 80, es una de las principales generadoras hidroeléctricas del país, y su contrato de concesión se encuentra bajo estudio. En paralelo, el Gobierno también analiza la situación de otras tres represas en la región del Comahue: El Chocón, Arroyito y Piedra del Águila, cuyas concesiones están próximas a expirar.
Este litigio se suma a otros juicios millonarios que enfrenta la Argentina en tribunales internacionales, entre ellos el caso por la expropiación de YPF, donde el país fue condenado a pagar más de 16.000 millones de dólares, y otras demandas vinculadas al congelamiento tarifario en obras de infraestructura clave.
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