El Gobierno cierra Vialidad Nacional y licitará más de 9.000 km de rutas

El Gobierno oficializó el cierre de Vialidad Nacional y reorganiza el sistema de transporte

En las últimas horas, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció una serie de reformas estructurales en el área de infraestructura vial, que incluyen la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, la eliminación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la futura licitación de más de 9.000 kilómetros de rutas.

Durante una conferencia realizada este lunes, Adorni explicó que estas medidas se adoptarán a través de un decreto presidencial que se publicará próximamente en el Boletín Oficial. La decisión se da en la antesala del vencimiento de las facultades extraordinarias otorgadas al presidente Javier Milei por la ley Bases, que caducan este martes 8 de julio.

“Se trata de una profunda reorganización del esquema estatal vinculado a la obra pública y el transporte, con el objetivo de reducir estructuras innecesarias y avanzar hacia un sistema más transparente y eficiente”, expresó el portavoz.

Según detalló, la estructura de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte será transformada y pasará a llamarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte. Este nuevo organismo tendrá a su cargo la fiscalización de las concesiones viales, en línea con el nuevo modelo que se implementará.

Uno de los ejes centrales del anuncio es el inicio del proceso de licitación para más de 9.100 kilómetros de rutas nacionales, que pasarán a manos privadas bajo concesiones reguladas.

Adorni justificó estas decisiones haciendo referencia a la causa judicial que involucró a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la que se investigaron presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución de obras públicas viales. “La corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que organismos como Vialidad Nacional fueron funcionales a un esquema de desvío de fondos mediante contratos manipulados, pagos anticipados injustificados y abandonos de obras sin penalización.

“El presidente Javier Milei ha ordenado la eliminación definitiva de estos organismos porque se utilizaron para encubrir prácticas corruptas. Vamos hacia un modelo basado en el control, la transparencia y la responsabilidad fiscal”, concluyó.