El Congreso Nacional inicia este miércoles el período de sesiones extraordinarias convocado por el presidente Javier Milei hasta el 30 de diciembre. El objetivo central es lograr la aprobación del Presupuesto 2026, aunque la bancada de La Libertad Avanza (LLA) aún no logra asegurar los votos necesarios para la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo.
Tras el reciente recambio legislativo que consolidó a LLA como primera minoría en Diputados (con un bloque de 95 miembros), se debe reconstituir la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Fuentes oficiales indican que el objetivo de LLA es emitir dictamen del Presupuesto 2026 el lunes 15 o martes 16 de diciembre para poder aprobarlo en el recinto de Diputados antes de Navidad.
El oficialismo cuenta con el apoyo de bloques aliados como el PRO, UCR, MID, y bancadas provinciales, incluyendo a legisladores de Innovación Federal (donde reportan los mandatarios de Salta, Misiones y Río Negro). Si el Presupuesto es sancionado en la Cámara Baja el miércoles 17, el trámite continuaría en el Senado con la esperanza de convertirlo en ley antes de fin de año.
Este avance se da gracias a las negociaciones lideradas por Diego Santilli (Ministro del Interior), quien mantuvo casi 20 encuentros con gobernadores, incluso con figuras peronistas y aliadas del kirchnerismo. El consenso es que a «nadie le conviene que no haya Presupuesto,» ya que el Gobierno lleva dos años operando con el Presupuesto 2023 prorrogado, lo que le permite reasignar partidas de forma discrecional.
Faltan consensos en la reforma laboral
A diferencia del Presupuesto, la reforma laboral es el foco de las tensiones. El proyecto, que será presentado formalmente el próximo martes en el marco del Consejo de Mayo, genera amplio rechazo en la Confederación General del Trabajo (CGT), que critica los puntos referidos al derecho a huelga y a las cajas sindicales.
Aunque el Ejecutivo acelera para aprobar la reforma antes de fin de año, los tiempos en las sesiones extraordinarias no son suficientes para un debate profundo, y el Poder Ejecutivo podría tener que prorrogar la convocatoria.
La reforma, que ingresaría por el Senado, busca modificar aspectos clave:
- Salarios e Indemnizaciones: La indemnización tradicional podría ser reemplazada por fondos o seguros sectoriales de cese laboral. Se excluirían del cálculo pagos extraordinarios, premios y gratificaciones.
- Flexibilidad: Se terminaría con el pago de horas extra para utilizar un banco de horas que compense mayores jornadas con otras más cortas (en acuerdo con el empleador).
- Salarios «Dinámicos»: Se podrán pactar salarios en pesos u otra moneda extranjera, o incluso a cambio de alimentos y especias, o fijarlos por productividad.
- Límites a Juicios: Las indemnizaciones tendrían una tasa de interés limitada al 3% anual.
- Monotributo: La contratación a través de facturas no presumirá automáticamente la existencia de un contrato de trabajo.
- Derecho a Huelga: Se busca limitar el derecho al declarar servicios esenciales a la radio y TV, fabricación de alimentos, actividades industriales, vuelos comerciales, transporte terrestre, servicios bancarios y producción de bienes para exportación, entre otros.
El hermetismo sobre la letra chica de la reforma ha generado dudas incluso entre los gobernadores, quienes, a diferencia de la CGT (que se reunió con gobernadores de Provincias Unidas), no tuvieron voz ni voto en su confección.
