El Procurador General de la provincia, Jorge Crespo, solicitó ayer la destitución del juez de la Cámara Laboral de Viedma, Gustavo Guerra Labayen, al considerar que quedó demostrado su mal desempeño en la segunda jornada del juicio político.
En su alegato, Crespo argumentó que el juez generó graves perjuicios a los ciudadanos, especialmente a los sectores más vulnerables, al demorar la resolución de 25 sentencias definitivas. El Procurador enfatizó que el propio magistrado reconoció los hechos, los cuales fueron corroborados por auditorías judiciales que detectaron atrasos desde 2018.
«No se trata de simples números: detrás de esos legajos hay personas que estaban esperando resolver su situación», afirmó Crespo, quien criticó la justificación del juez de priorizar la «calidad» de sus sentencias sobre la celeridad. «Los tiempos los fija la ley, no la voluntad individual», sostuvo. Por todas estas razones, el Procurador pidió la destitución del juez y su inhabilitación para ejercer cargos judiciales por cinco años.
La defensa pide que se consideren atenuantes
Por su parte, el abogado defensor del juez, Fernando Chironi, reconoció los retrasos, pero argumentó que la sanción no debe ser la máxima. Mencionó que el propio Poder Judicial había prometido un plan de regularización y que el juez nunca tuvo apercibimientos en sus 30 años de servicio.
Chironi también sostuvo que las sentencias del magistrado tienen una baja tasa de revocabilidad y que ya había resuelto las causas pendientes antes de ser suspendido. El abogado cuestionó que no se haya garantizado el principio de igualdad ante la ley y pidió que, en caso de considerarse una falta, la sanción sea menor.
El Consejo de la Magistratura dará a conocer su veredicto el próximo viernes 12 de septiembre a las 12:00 horas.
