El presidente Javier Milei se presentó en la causa judicial iniciada por Ian Moche, un joven activista por la inclusión, para que borre un tuit considerado agraviante. En su descargo, Milei sostuvo que la publicación estaba dirigida a cuestionar el trabajo periodístico de Paulino Rodrigues y que se encontraba amparada por el derecho a la libertad de expresión.
La presentación fue realizada ante el Juzgado Federal de La Plata, a cargo del juez Alberto Recondo, en el marco del expediente en el que se discute si un mandatario puede utilizar sus redes personales para expresiones que involucren a particulares.
Según explicó el abogado de Moche, Andrés Gil Domínguez, el Estado Nacional, a través de la Procuración del Tesoro, argumentó que la cuenta de X (ex Twitter) del mandatario, identificada con la tilde gris, “no es oficial sino particular” y que su carácter institucional depende exclusivamente de la clasificación que realiza la propia red social. De este modo, desligó la publicación del ámbito formal de la Presidencia, pese a que Milei utiliza esa cuenta para difundir actos de gobierno.
No obstante, en su propia contestación, el Presidente fijó como domicilio la residencia oficial de Olivos, lo que para Gil Domínguez implica reconocer explícitamente su carácter institucional y contradecir la postura de la Procuración. Milei respaldó su defensa en jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, insistiendo en que ejerció la libertad de expresión, que “no puede ser censurado” y que, al ser un activista, Ian Moche “debe soportar los intercambios que se generan en el debate público”.
El letrado cuestionó este planteo por desconocer que la protección especial de la libertad de expresión “tiene como principal objetivo proteger a los particulares frente al poder, y no al poder frente a los particulares, especialmente si se trata de un niño que pertenece al espectro autista”.
Gil Domínguez calificó de “cínicas” las presentaciones del Estado y del Presidente, ya que ambas niegan que Milei haya agravado a Moche: “Si esto fuera cierto, bastaba una aclaración, disculpa o eliminación del posteo. Esto nunca sucedió”.
La causa quedó en condiciones de ser resuelta y el juez Recondo tiene un plazo de 48 horas para dictar sentencia. El caso, que involucra un inédito conflicto entre un presidente en ejercicio y un joven activista, es seguido con atención por organizaciones de derechos humanos y medios internacionales.
