Este martes, el Ministerio Público Fiscal imputó a un adolescente menor de edad pero punible por el delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego, cometido en exceso de la legítima defensa”, en una audiencia realizada ante el Juez de Garantías de Viedma.
Según la acusación, el hecho ocurrió en el barrio Independencia de Viedma, luego de que el imputado y la víctima —un joven mayor de edad— mantuvieran contacto mediante redes sociales y se encontraran en un local nocturno céntrico de la ciudad. Más tarde se dirigieron juntos al barrio mencionado, donde, de acuerdo a la hipótesis fiscal, la víctima habría amenazado al menor con un arma de fuego.
El joven respondió primero con golpes de puño, y luego efectuó dos disparos con la misma arma, provocando la muerte del otro joven. El cuerpo fue luego ocultado bajo escombros, y permaneció desaparecido durante varios meses.
El hecho se conoció gracias a que el propio adolescente se presentó voluntariamente ante la Justicia y brindó detalles que permitieron ubicar el cuerpo. La identificación de la víctima fue realizada por medio de pericias odontológicas en el hospital Artémides Zatti.
Durante la audiencia, la Fiscalía presentó las evidencias sin oposición por parte del Defensor Penal de Menores e Incapaces, quien destacó la actitud colaborativa de su asistido. El juez tuvo por formulados los cargos y otorgó un plazo de cuatro meses para finalizar la investigación, con vencimiento el próximo 13 de noviembre.
Como medidas cautelares, el juez ordenó:
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Fijación de domicilio.
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Prohibición de salir de la comarca sin autorización judicial.
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Restricción de salidas durante la noche.
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Obligación de abstenerse de cometer nuevos delitos.
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Seguimiento y acompañamiento por parte de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).
A pedido de la defensa, también participó una representante del programa de libertad asistida de ese organismo.
Además, el magistrado dispuso la prohibición de publicar datos que permitan identificar al imputado, en cumplimiento con la Ley 22.278, que protege la identidad de menores involucrados en causas penales. Esto incluye nombres, apellidos, referencias familiares o domicilios que pudieran resultar reconocibles.
