La discusión sobre el funcionamiento del IPROSS cobró centralidad en el escenario político rionegrino tras los detalles brindados por el bloque del PRO respecto a su iniciativa para transformar el régimen de afiliación obligatoria de la obra social provincial en un sistema optativo para los trabajadores estatales.
El titular de la bancada, Juan Martín, precisó los alcances políticos y técnicos del proyecto, ingresado originalmente en 2024 y reeditado en el período legislativo en curso, remarcando que el objetivo de la norma no es la eliminación de la estructura pública, sino la apertura de la oferta de cobertura médica. Bajo este esquema, los aportes y contribuciones de quienes decidan permanecer en la institución continuarán destinados a su financiamiento, contemplando cláusulas de resguardo financiero para preservar la solvencia del organismo.
El planteo toma como antecedente de referencia la modificación del régimen nacional de obras sociales establecido por el DNU 70/2023, bajo la premisa de que la competencia entre prestadores promoverá una optimización de los servicios. Desde el espacio fundamentaron que la responsabilidad estatal radica en garantizar el acceso a la salud, otorgando al trabajador la libertad de definir la entidad prestadora de sus servicios sanitarios.
En el plano político, la bancada ponderó que la administración provincial haya receptado los ejes centrales del proyecto para su agenda oficial, trazando un paralelismo con el proceso de debate que derivó en la aprobación de la ley de Ficha Limpia. Sin embargo, marcaron observaciones respecto a los tiempos de respuesta del oficialismo para la incorporación de propuestas originadas en el ámbito parlamentario opositor.
