La causa que investiga el robo de armamento bajo custodia en los tribunales de General Roca mantendrá abiertas sus actuaciones por medio año más. Tras una resolución adoptada este miércoles, el proceso fiscal se extenderá oficialmente hasta febrero de 2027, un lapso que los investigadores consideran clave para procesar el denso volumen de evidencias tecnológicas recolectadas en el marco de las diligencias previas.
El núcleo de las tareas operativas recae hoy sobre la extracción y peritaje de aproximadamente 400 gigabytes de datos contenidos en teléfonos celulares incautados durante diversos allanamientos. El equipo que encabeza el fiscal jefe de Cipolletti, Santiago Márquez Gauna, aboca sus esfuerzos a cotejar de manera exhaustiva esos registros digitales con informes de movimientos bancarios y las carpetas judiciales de las cuales fueron sustraídos los dispositivos bélicos.
El origen del expediente se remonta al pasado 8 de marzo, momento en que un procedimiento policial de rutina permitió secuestrar un arma cuya numeración reveló que debía estar guardada en el depósito oficial como prueba. Arqueos posteriores terminaron por confirmar un faltante total de 102 armas, un hallazgo que dejó al descubierto serias fallas operativas en el edificio judicial, como la ausencia de cámaras de seguridad en el sector de almacenamiento y el mal funcionamiento del sistema de monitoreo en el acceso principal.
Pese al tiempo transcurrido y al avance de las sospechas sobre agentes del propio tribunal que tenían acceso directo a las llaves del depósito, la causa aún no registra formulación formal de cargos. En la última audiencia, el magistrado interviniente hizo lugar a un planteo de la defensa y rechazó declarar el caso como complejo antes de formalizar acusaciones, fijando las reglas del trámite sobre la revisión estricta del abundante material telefónico reunido.
