El bloque de legisladores provinciales de la Coalición Cívica ARI – Cambiemos elevó un formal y enérgico reclamo al Poder Ejecutivo Nacional para que agilice la puesta en marcha definitiva del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). A través de un proyecto de comunicación, los parlamentarios Fernando Frugoni, Javier Acevedo, Daniela Agostino y Roberta Scavo solicitaron que se dicten de manera urgente las resoluciones y normas complementarias que faltan para que el beneficio, creado por la Ley Nacional Nº 27.802, sea completamente operativo en el territorio.
La iniciativa parlamentaria subraya que, si bien el marco legal del incentivo ya se encuentra técnicamente vigente y Río Negro formalizó su adhesión en la última sesión legislativa bajo el proyecto de ley Nº 660/2026, la falta de precisiones de los ministerios nacionales paraliza su aplicación real. En concreto, los legisladores exigen que la Secretaría de Energía y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación confeccionen el listado definitivo de los bienes de capital alcanzados por las exenciones y beneficios del régimen, los cuales incluyen infraestructura crítica como equipos de alta eficiencia energética, sistemas de riego tecnificado, mallas antigranizo y semovientes de genética superior. Asimismo, urgieron a habilitar el Sistema de Gestión de Inversiones (SGI) bajo la órbita de la flamante Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Desde la bancada opositora enfatizaron el daño económico que provoca la dilación administrativa en el actual contexto del país. «Cada demora en la implementación genera incertidumbre y puede postergar decisiones de inversión vinculadas a la incorporación de tecnología, equipamiento y mejoras productivas», argumentaron los autores del proyecto. Remarcaron que los productores rionegrinos necesitan con urgencia «reglas claras» para planificar sus desembolsos financieros sin verse afectados por los tiempos de la burocracia central de Buenos Aires.
Finalmente, el documento resalta que el RIMI es una herramienta medular para apuntalar el tejido productivo tradicional de la provincia, especialmente el sector frutícola del Alto Valle, que temporada tras temporada se ve expuesto a severas contingencias climáticas (como heladas tardías y granizo) y requiere financiamiento accesible para modernizar sus chacras. Los legisladores recordaron que Río Negro ya hizo su parte al acoplar la norma nacional con las exenciones impositivas contempladas en la Ley Provincial Nº 5.766 de Promoción Económica, por lo que ahora la pelota está en el terreno de la Casa Rosada para brindar la previsibilidad que el sector privado demanda.
