La precandidata a gobernadora e intendenta roquense, María Emilia Soria, desplegó un fuerte discurso de apertura política en la cordillera con el objetivo de captar el voto moderado de centro y ampliar su plataforma electoral. Durante un encuentro con la militancia peronista en Bariloche, Soria se mostró «pragmática» y afirmó que hay lugar para todos en su espacio, incluyendo al intendente local Walter Cortés, bajo la premisa de que con bosta se construyen paredes y que solo con el peronismo no alcanza para llegar a gobernar y transformar la provincia, o no le alcanza a ella, que viene del núcleo duro Kirchnerista que arrasó con la economía de los argentinos.
La estrategia discursiva de la intendente de Roca combina duras críticas al sistema de salud rionegrino por la falta de especialistas e infraestructura en los hospitales de Roca y Bariloche, con elogios explícitos a políticas del gobierno provincial actual, como el desarrollo minero, energético e hidrocarburífero con control ambiental y participación de las universidades.
Sin embargo, detrás de esta campaña de seducción política en el plano provincial, la realidad económica de su gestión municipal en General Roca desató un escenario de alta tensión gremial que expone un fuerte contraste con su discurso de transformación. El malestar estalló tras el cierre de las paritarias comunales, donde la Asociación Trabajadores Municipales (ATM), representada por Susana Elosegui y Lorena Nincoleo, firmó el acta oficial en carácter de «desconforme» y rechazó de pleno la propuesta del Poder Ejecutivo Municipal. La firma del acuerdo se terminó convalidando a puertas cerradas por las restantes conducciones sindicales de SOYEM, ATB, UPCN y ATE, quienes aceptaron una pauta salarial que la organización rebelde tildó de vergonzosa y de miseria. Lo más llamativo de todo es la postura de ATE, un gremio que, bajo en mandato de Rodolfo Aguiar, se la pasa hablando de los derechos de los trabajadores. Parece que a Aguiar no le importan los trabajadores municipales de Roca.
La propuesta oficial aprobada consiste en incrementos escalonados sobre los haberes básicos del 2,5% para junio, un 2% para julio y un 2% para agosto de 2026. Este porcentaje quedó muy lejos de la exigencia de ATM, que reclamaba una recomposición del 15% distribuido en tres meses, además de una mejora sustancial en las asignaciones por hijo, las cuales el gobierno local terminó fijando en una suba del 10% tanto en montos como en topes.
El punto de mayor conflicto e indignación para las bases sindicales radica en el concepto de presentismo, el cual las conducciones firmantes decidieron deliberadamente no discutir, dejándolo completamente congelado en la obsoleta e irrisoria cifra de sesenta y dos pesos ($62) . Ante este escenario, la secretaria general de ATM, Susana Elosegui, denunció una rendición corporativa de las cúpulas gremiales que le dieron la espalda al mandato de los trabajadores a cambio de un ajuste insignificante, declarando a la entidad en estado de alerta permanente ante lo que consideran una burla y una clara muestra de desinterés por la dignidad del empleado municipal.
