El escándalo por el presunto ejercicio ilegal de la medicina en el Alto Valle sumó este lunes un nuevo y sombrío capítulo. A las sospechas por la falsificación de títulos que pesan sobre Mariela Fernanda Marzano, se agregó ahora el testimonio de un abogado que vincula directamente su intervención con el deceso de un paciente. Se trata de un giro que traslada la causa de la órbita del fraude administrativo a la de la responsabilidad penal por mala praxis y posible homicidio.
Según reveló el abogado Michael Díaz, representante de una familia de la localidad de Allen, Marzano habría estado a cargo del seguimiento de un hombre que ingresó a una clínica privada de Roca con un cuadro de pancreatitis leve. «No era un paciente de riesgo, era una persona activa», remarcó el letrado en declaraciones radiales, detallando una evolución clínica plagada de inconsistencias. De acuerdo con el relato de la querella, el paciente sufrió un deterioro inexplicable durante sus tres meses de internación: pasó de un diagnóstico inicial tratable a una falla multiorgánica, neumonía intrahospitalaria y diálisis, en un proceso que incluyó múltiples cirugías e intubaciones hasta su muerte.
El cuestionamiento de la familia no solo apunta a la falta de idoneidad técnica —ejemplificada por el uso de términos poco profesionales para describir el estado de los órganos del paciente— sino a la presunta alteración del tratamiento que habría agravado el cuadro. «Esta pancreatitis leve se transformó en grave por no haber sido debidamente atendido», insistió Díaz, quien adelantó que presentará formalmente la denuncia penal en las próximas horas bajo las figuras de ejercicio ilegal de la medicina y homicidio culposo.
La investigación contra Marzano se disparó cuando el Ministerio de Salud de Río Negro detectó irregularidades en la documentación de su matrícula profesional. Tras una serie de allanamientos y una detención inicial, la mujer recuperó la libertad, aunque permanece sujeta a medidas cautelares estrictas que incluyen el uso de una tobillera electrónica, la prohibición de salir del país y la inhibición general de sus bienes. Mientras la Justicia analiza la historia clínica del fallecido, el caso pone en jaque los protocolos de control de los centros asistenciales del Alto Valle donde la acusada se habría desempeñado durante años.
