La propuesta legislativa, que cuenta con el respaldo del bloque de Unión por la Patria, tiene como objetivo central paliar las deficiencias críticas de seguridad y conectividad en la región del Alto Valle. El proyecto de Marcelo Mango plantea la creación de una Comisión Especial de Emergencia Vial en el ámbito del Congreso, con el fin de diseñar un plan integral que contemple el transporte de carga, pasajeros y la seguridad de peatones y ciclistas.
¿Del amparo al apuro? Esta crisis de infraestructura no es nueva y arrastra antecedentes de fuerte confrontación política y judicial. En 2016, el Juez Federal Hugo Greca dictó una medida cautelar que paralizó las obras de ampliación de la Ruta 22 tras un recurso presentado por la Municipalidad de General Roca. En aquel entonces, la gestión del intendente Martín Soria rechazó el diseño de Vialidad Nacional que preveía la construcción de «murallas» o terraplenes elevados, recolectando más de 13.000 firmas de vecinos en contra del impacto ambiental y urbanístico de la obra.
A una década de aquellos amparos judiciales, la situación de las rutas nacionales 22 (y 151) sigue siendo el eje de los reclamos por la inseguridad vial y los obstáculos al desarrollo productivo y turístico de la provincia de Río Negro. El nuevo proyecto de emergencia busca que los organismos competentes adopten medidas excepcionales mientras se define un proyecto definitivo que logre el consenso que no se alcanzó en el pasado.
El clan Soria, que detuvo los avances de las obras de la ruta 22 en el tramo de la ciudad porque «afectaban turísticamente», ahora tienen el tupé político de posicionarse en la vereda opuesta, y reclamarle al gobierno nacional. Es una cuestión histórica, sin lugar a dudas. Un conflicto de más de 10 años, y lo increíble también es que todo ese tiempo a General Roca la gobernaron ellos.
