A dos años del inicio de la gestión nacional de Javier Milei, el panorama para las provincias argentinas, y particularmente para Río Negro, presenta una complejidad creciente. El esfuerzo fiscal para sostener el superávit federal ha recaído mayoritariamente sobre los distritos del interior, que han visto cómo la denominada «motosierra» recortaba recursos esenciales. En este escenario, la reciente reforma laboral introduce una nueva señal de alerta a través de su artículo 191, el cual reduce el porcentaje de ganancias que tributan las empresas. Esta medida representa un golpe directo a la masa coparticipable, estimándose que Río Negro podría dejar de percibir unos 42.000 millones de pesos anuales, cifra que se suma a los 96.000 millones que la provincia ya perdió durante el ejercicio 2024.
La situación económica plantea una contradicción difícil de resolver para el gobierno rionegrino. Por un lado, la administración central justifica estas medidas como un motor para el empleo, pero en la realidad cotidiana se observa una caída del consumo y una crisis en las pequeñas y medianas empresas. Mientras sectores extractivos como el petróleo, la minería y el campo muestran dinamismo, su capacidad para generar puestos de trabajo masivos es limitada, dejando a la provincia en una posición de vulnerabilidad. Desde el oficialismo provincial se observa con escepticismo el devenir nacional, calificando la política económica como un «salto de fe» que, hasta el momento, no ha cumplido con los pronósticos de reactivación prometidos por el presidente.
En este contexto de incertidumbre financiera, el gobernador Alberto Weretilneck debe encarar el inicio de 2026 con la presión de los gremios estatales sobre la mesa. La necesidad de reabrir paritarias se vuelve imperiosa frente a salarios que se han licuado sistemáticamente, llevando a muchos trabajadores públicos a quedar por debajo de la línea de la pobreza y a recurrir al endeudamiento para cubrir sus necesidades básicas. El desafío para el mandatario será encontrar un punto de equilibrio entre una caja provincial debilitada por el ajuste nacional y la urgencia de recomponer el poder adquisitivo de los empleados públicos para evitar un clima de alta conflictividad social.
En el plano político interno, las expectativas de un relanzamiento total de la gestión mediante una renovación profunda del Gabinete parecen haberse diluido. Aunque inicialmente se proyectaban cambios drásticos para oxigenar las áreas más cuestionadas, el Gobernador ha decidido abroquelarse con su equipo de confianza. Las salidas de Fabián Gatti en el Ministerio de Gobierno y de Marcela Ávila en el IPROSS se presentan como los únicos movimientos de peso en la primera línea. Weretilneck apuesta por la continuidad de ministros que estaban bajo observación, como Daniel Jara en Seguridad, quien logró sostenerse en su cargo tras exhibir estadísticas que reflejan una baja en los índices delictivos, a pesar de las tensiones internas en la fuerza policial.
Los reemplazos confirmados siguen la lógica de la militancia interna y la confianza técnica. Agustín Ríos, un joven abogado vinculado al intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, sucederá a Gatti con la misión de mantener el vínculo político con los jefes comunales. Por otro lado, la llegada de Ivana Porro a la presidencia del IPROSS consolida el avance del ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez, quien se posiciona como una pieza fundamental en el armado gubernamental. Si bien se esperan movimientos en segundas y terceras líneas, como ocurre en el Ministerio de Educación donde se solicitó la renuncia de todo el staff político, el núcleo duro del oficialismo permanece inalterable.
De esta manera, el año 2026 se anticipa no como una transición, sino como un periodo de alto voltaje institucional. El Gobierno provincial parece haber optado por una estrategia de resistencia, limitando la apertura a nuevos socios políticos y priorizando la cohesión interna para enfrentar un escenario económico que sigue siendo adverso. El éxito de este esquema dependerá de la capacidad de la administración Weretilneck para gestionar la escasez de recursos sin perder la gobernabilidad frente a los gremios y las demandas sociales, en un camino largo que ya mira de reojo el proceso electoral del próximo año.
