Un vecino tenía asignadas 35 líneas de teléfono sin haberlas solicitado

Un vecino de la pequeña localidad de Aguada de Guerra descubrió, de la peor manera, que su identidad estaba siendo utilizada en gran parte del país. Sin su consentimiento, la empresa Telecom Argentina S.A. lo registró como titular de 35 líneas telefónicas distribuidas en provincias como Misiones, Salta y Mendoza. El caso llegó a la Justicia Civil de General Roca, que dictó una sentencia ejemplar contra la compañía.

El calvario del hombre comenzó cuando empezó a recibir facturas e intimaciones de cobro por deudas morosas de servicios que desconocía. A pesar de sus reiterados reclamos administrativos, la empresa mantuvo su postura de cobro y lo amenazó con acciones legales. Ante esta situación, el afectado inició una demanda por daños y perjuicios bajo el marco de la Ley de Defensa del Consumidor.

La jueza interviniente desestimó los argumentos de la empresa, que alegaba haber actuado correctamente al dar de baja las líneas una vez recibido el reclamo. A través de una pericia informática, se acreditó la existencia de las 35 líneas y la ausencia total de documentación que respaldara el consentimiento del usuario para el alta de esos servicios.

La sentencia fue contundente al señalar que la compañía:

Prestó un servicio defectuoso: No verificó de forma adecuada la identidad de quien solicitó las líneas.

Vulneró el trato digno: Trató al denunciante como un deudor moroso por obligaciones inexistentes.

Afectó la seguridad del sistema: La magistrada advirtió que este tipo de irregularidades facilita el uso de identidades falsas en el sistema de telecomunicaciones.

El fallo reconoció el daño extrapatrimonial (moral), valorando la angustia e incertidumbre sufrida por el vecino al verse envuelto en una situación legal y financiera ajena. Además, la jueza aplicó la figura de daño punitivo, una sanción económica extraordinaria que se impone cuando la conducta de una empresa demuestra una «grave indiferencia» hacia los derechos de los usuarios.

Este caso sienta un precedente importante en la región sobre la responsabilidad de las grandes prestadoras de servicios en la validación de identidad, protegiendo a los ciudadanos de los crecientes fraudes por suplantación de identidad.