Lo que pretendía ser una visita de rutina al Establecimiento Penal 1 de Viedma terminó en un complejo expediente federal. El hecho ocurrió el 24 de abril de 2024, cuando Claudia Andrea Cayu se presentó en el área de Visita y Correspondencia para ver al interno Juan Eduardo Jara. Sin embargo, el ojo entrenado del personal penitenciario detectó irregularidades durante la requisa corporal obligatoria.
La sorpresa de los efectivos fue mayúscula al hallar, oculto en la ropa interior de la mujer, un paquete que contenía un verdadero «catálogo» de estupefacientes. Según el detalle de la imputación fiscal, Cayu intentaba ingresar: 28,29 gramos de marihuana, 20,1 gramos de cocaína y drogas de diseño: 0,26 gramos de MDMA (éxtasis), 0,63 gramos de Ketamina y envoltorios con LSD (ácido lisérgico).
Días atrás, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca analizó el pedido de la defensa para otorgarle una suspensión de juicio a prueba (probation). La fiscalía, representada por Marcos Escandell, aceptó el planteo considerando que la mujer no contaba con antecedentes penales previos y que el delito se encuadraba como «suministro gratuito de estupefacientes en grado de tentativa».
En un principio, se había propuesto que la mujer pagara $50.000 como reparación económica al Hospital Pedro Moguillansky. Sin embargo, el juez Alejandro Silva decidió relevarla de ese pago tras constatar su precaria situación económica, entendiendo que la sanción no debe convertirse en una carga imposible de cumplir para personas en vulnerabilidad.
Aunque evitó el juicio oral, Cayu quedó sujeta a reglas estrictas por el lapso de un año. Si incumple cualquiera de estos puntos, la causa penal se reactivará de inmediato:
El fallo reafirma que, si bien se aplican criterios de oportunidad para quienes no tienen antecedentes, los controles en el ingreso a las cárceles rionegrinas siguen siendo el principal filtro contra el ingreso de sustancias que ponen en riesgo la seguridad interna de los penales.
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