Desde la costa Atlántica, la figura de la diputada nacional Lorena Villaverde (La Libertad Avanza) vuelve a concentrar titulares, aunque esta vez con una trama menos “libertaria” y más… judicial. El Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Familia N°9 de San Antonio Oeste, bajo la conducción de la jueza Karina Vanessa Kozaczuk, ordenó días atrás el embargo de sus cuentas y bienes hasta cubrir una suma provisoria cercana a los 50 millones de pesos.
La demanda fue iniciada por tres particulares que se presentaron como compradores de buena fe. La acusación: ventas irregulares de terrenos en el atractivo balneario de Las Grutas. La carátula del expediente, según pudo saber NoticiasNet a través de uno de los damnificados, incluye un amparo bajo la Ley de Defensa del Consumidor (24.240), lo que implica que los denunciantes reclaman la protección legal que la ley prevé para quienes efectúan transacciones legítimas.
La medida cautelar alcanza todos los activos posibles: cuentas bancarias, plazos fijos, tarjetas de crédito, bonos, pagarés y otros valores, tanto en moneda local como extranjera. El juez además instruyó al Banco Patagonia para que retenga y deposite esos fondos en una cuenta judicial dedicada al proceso.
Este episodio sacude la tranqulidad costera, no solo por la cuantiosa cifra en juego, sino por lo que implica: una diputada sancionada por la vía judicial y, hasta ahora, sin una sola declaración pública sobre la denuncia o el embargo. Podría decirse que, en la Libertad Avanza, ahora también avanza una ola de sospechas sobre operaciones inmobiliarias con presunto uso de su influencia política.
