A través del Decreto 365/26, el gobernador Alberto Weretilneck dispuso una modificación estructural en el sistema de multas por exceso de velocidad detectadas mediante radares en rutas nacionales y provinciales. La medida busca dotar de mayor «proporcionalidad y razonabilidad» a las sanciones, dejando atrás el polémico esquema de monto fijo que regía hasta la fecha y que obligaba a pagar la misma cifra sin importar si el exceso de velocidad era leve o peligroso.
Hasta este cambio, cualquier conductor que superara la velocidad máxima permitida recibía una sanción única de 350 Unidades Fijas, lo que a valores actuales de la nafta Infinia representaba un costo cercano a los $700.000. Con la nueva normativa, se incorpora un criterio de justicia vial donde las infracciones se dividen según el margen de exceso cometido por el automovilista al pasar frente al cinemómetro.
Bajo el nuevo esquema, quienes excedan la velocidad máxima hasta en un 30% verán una reducción del 71,4% en el costo de la infracción, pasando a pagar 100 Unidades Fijas, lo que hoy equivale a unos $200.000 aproximadamente. Por otro lado, para aquellos casos donde el exceso supere el 30% del límite permitido, la multa será de 200 Unidades Fijas (cerca de $400.000), lo que de todas formas implica una baja del 42,9% respecto al sistema anterior.
Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial aclararon que esta reducción de costos no implica una relajación en la vigilancia de las rutas. Los controles se mantienen activos en puntos clave del Alto Valle, como Villa Regina, Cervantes y Cipolletti, así como en la zona atlántica y el Valle Medio. Todos los radares se encuentran debidamente señalizados para fomentar la prevención, priorizando la reducción de riesgos en accesos urbanos y tramos de alta siniestralidad.
El espíritu de la reforma es encontrar un equilibrio entre la seguridad vial y el sentido común, garantizando que el objetivo final siga siendo la preservación de la vida pero con reglas más claras para los ciudadanos. Las autoridades recordaron que las velocidades máximas varían según la ubicación, oscilando entre los 60 km/h en zonas urbanas y hasta los 110 km/h en tramos específicos de la Ruta Nacional 22, como es el caso de Cervantes.
