El Gobierno de Río Negro consolidó un histórico reclamo de soberanía sobre sus recursos naturales. El gobernador Alberto Weretilneck firmó el decreto de promulgación de la ley que establece el cobro de un canon específico por el uso del agua destinada a la generación de energía hidroeléctrica. La normativa, que fue aprobada por amplia mayoría en la última sesión legislativa, convalida el derecho de la administración rionegrina a percibir una retribución económica directa por parte de las empresas concesionarias que operan las grandes represas ubicadas sobre las cuencas de la región.
Esta medida introduce un cambio radical en la relación económica entre la provincia y el Estado Nacional respecto al mapa energético. Durante décadas, los ríos rionegrinos aportaron el flujo hídrico necesario para abastecer de electricidad al desarrollo industrial y urbano de gran parte del país, sin que la jurisdicción propietaria del recurso estratégico recibiera un beneficio acorde a ese desgaste ambiental y operativo. El nuevo escenario es el resultado de un frente común de negociación que Río Negro articuló junto a Neuquén ante el tendido federal en el marco del vencimiento y renovación de los contratos de las centrales hidroeléctricas del Comahue.
El texto de la ley fija que el canon reconocido equivaldrá al 1% del total de la energía comercializada por las operadoras a favor de Río Negro, completando un esquema global del 2% que se distribuye en partes iguales con el territorio neuquino. Tras rubricar el decreto, Weretilneck remarcó que este avance no debe ser interpretado únicamente como la obtención de nuevas partidas presupuestarias, sino como un acto de estricta justicia federal, amparado en el mandato de la Constitución Nacional que reconoce la propiedad originaria de los recursos hídricos en manos de las provincias.
Desde el Poder Ejecutivo rionegrino señalaron que la puesta en marcha de este marco regulatorio forma parte de un rumbo político irreversible centrado en blindar el patrimonio de la comunidad. Las autoridades adelantaron que los ingresos económicos genuinos derivados de las regalías y el nuevo canon hídrico no se diluirán en gastos corrientes de la administración central. Por el contrario, la planificación provincial prevé la afectación específica de estos flujos de dinero para la construcción de infraestructura básica de servicios, el financiamiento de proyectos productivos y la generación de nuevas oportunidades habitacionales para las próximas décadas.
