Viedma, Río Negro. La provincia de Río Negro promulgó la Ley Nº5820, la cual establece el cobro de aranceles a los extranjeros con residencia transitoria o precaria por el acceso a la salud pública y la educación superior provincial. La norma, que había sido aprobada con mayoría por la Legislatura, entró en vigencia tras la firma del Ejecutivo provincial.
La nueva legislación busca regular el uso de los hospitales, centros de salud y establecimientos de educación superior, como el Instituto Universitario Patagónicos de las Artes (IUPA). Es importante destacar que los residentes permanentes o temporarios quedan excluidos de esta medida, conservando la gratuidad para su acceso.
Uno de los pilares de la ley es la creación de un Fondo Especial para la Salud Pública, que estará integrado por los ingresos recaudados a través de estos aranceles. Este fondo, administrado por el Ministerio de Salud, tendrá como objetivo exclusivo financiar la atención sanitaria mediante la inversión en gastos de funcionamiento, mejoras edilicias, equipamiento y capacitaciones, quedando prohibido su uso para el pago de salarios del personal de salud.
La medida generó un fuerte debate. Mientras el legislador Lucas Pica (JSRN), coautor de la iniciativa, defendió que el objetivo es que los residentes transitorios «contribuyan a solventar las erogaciones» y priorizar a quienes pagan impuestos provinciales, desde las comunidades migrantes se expresaron críticas. Abner Lobos Franco, vocero de las colectividades, calificó la medida como un «agravio» y un «quitar un derecho histórico» que va en contra de la tradición de la Ley de Migraciones argentina.
Los Ministerios de Salud y de Educación fueron designados como autoridades de aplicación y deberán dictar las normas reglamentarias, fijar los montos de los aranceles y coordinar los mecanismos de cobro en toda la provincia. La ley también habilita la posibilidad de firmar convenios de reciprocidad con otros países.
