La Legislatura de Río Negro aprobó de manera definitiva un proyecto que redefine las consecuencias económicas para quienes provoquen accidentes de tránsito mediante conductas graves. A partir de esta nueva normativa, impulsada originalmente por el legislador Fernando Frugoni con aportes de Lucas Pica, el Estado provincial queda facultado para reclamar el reintegro total de los fondos invertidos en la atención médico-asistencial de los infractores. Esta medida surge como una respuesta a la creciente presión que los siniestros viales ejercen sobre el sistema de salud pública, especialmente aquellos derivados del consumo de alcohol y drogas.
La ley no solo apunta a quienes conducen en estado de ebriedad, sino que establece un marco de aplicación para diversas «conductas irregulares graves». Entre estas se incluyen el exceso de velocidad, el cruce de semáforos en rojo, la conducción temeraria y la circulación sin licencia habilitante. Bajo este nuevo esquema, el Ministerio de Salud actuará como autoridad de aplicación, fijando aranceles específicos para servicios que van desde el traslado en ambulancia y la atención en guardias hasta cirugías complejas y jornadas de internación en terapia intensiva.
Un aspecto fundamental de la normativa es que el cobro se ejecutará de forma subsidiaria, es decir, se activará en aquellos casos donde las obras sociales o las compañías de seguros no solventen los gastos ocasionados. Para garantizar la efectividad de la medida, la ley determina que la certificación de la deuda emitida por el organismo de salud tendrá carácter de título ejecutivo. Esto permitirá al Estado rionegrino iniciar procesos judiciales de cobro rápido, asegurando que el infractor deba responder con su patrimonio por los recursos que el hospital público volcó en su recuperación.
Además de la sanción económica, la legislación incorpora una dimensión educativa y preventiva. Todos aquellos que hayan provocado un siniestro y requerido asistencia pública estarán obligados a realizar capacitaciones en seguridad vial. Respecto a los fondos recuperados, la ley establece un sistema de distribución solidaria: mientras que el 80% regresará directamente al presupuesto operativo del sistema sanitario para reponer insumos y sostener el servicio, el 20% restante se destinará exclusivamente a programas oficiales de concientización y al financiamiento de organizaciones de la sociedad civil que trabajen en la prevención de accidentes.
