El Gobierno de Río Negro presentó una acción de amparo colectivo contra el Estado Nacional y la Dirección Nacional de Vialidad por el grave deterioro de la Ruta Nacional 151, una traza clave para la región que atraviesa más de 150 kilómetros del Alto Valle y conecta con La Pampa.
La demanda, que fue aceptada por el Juzgado Federal de General Roca, fue impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck, la Fiscalía de Estado, la Defensoría del Pueblo, cinco municipios y tres cámaras empresariales. Busca proteger los derechos a la vida, la salud y la seguridad de miles de personas que circulan por esa vía a diario, y denuncia la falta de mantenimiento estructural de parte del Estado nacional.
El escrito reclama que se declare la responsabilidad del gobierno nacional y se ordene la reparación total del tramo comprendido entre Cipolletti y el límite con La Pampa. También solicita medidas cautelares inmediatas, como bacheo provisorio, señalización urgente y campañas de prevención de accidentes, además de un plan técnico y presupuestario con informes periódicos de avance.
La justicia dio curso al planteo y otorgó cinco días hábiles para que el Estado nacional y Vialidad respondan sobre las medidas cautelares solicitadas, y once días para presentar un informe integral sobre las causas de la omisión denunciada.
La acción judicial detalla que el estado de la ruta compromete servicios esenciales, entre ellos el traslado de pacientes, con más de 576 derivaciones sanitarias que se realizaron este año por esa vía. También se ve afectado el acceso diario de más de 10.000 estudiantes y 2.300 docentes que asisten a 70 escuelas, y actividades económicas clave como la fruticultura, la minería, el turismo y la industria hidrocarburífera, responsable del 72% del petróleo y el 42% del gas que produce el país.
Asimismo, se denuncia la desnaturalización del régimen de financiamiento vial, ya que el 28,58% del impuesto a los combustibles, que por ley debe ir al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, no se estaría utilizando para rutas como la 151.
La presentación se apoya en normas de jerarquía constitucional como la Constitución Nacional, tratados internacionales como el PIDESC y el Pacto de San José de Costa Rica, y leyes nacionales como la Ley de Amparo (16.986) y la Ley de Tránsito (24.449). También se cita jurisprudencia que respalda la intervención judicial frente a la inacción del Estado en materia de infraestructura esencial.
Además del Gobierno provincial, la demanda fue suscripta por la defensora del Pueblo, Adriana Santagati; los intendentes Rodrigo Buteler (Cipolletti), Daniela Salzotto (Catriel), Enrique Rossi (Cinco Saltos), Horacio Zuñiga (Cordero) y Daniel Hernández (Campo Grande); y los presidentes de la Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti, José Bunter, la Cámara Empresarial de Servicios de Río Negro, Federico Paolo, y la Cámara de Servicios Petroleros, Ramiro Arceo.
Desde el Gobierno rionegrino remarcaron que este paso judicial busca sentar un precedente para la defensa de los derechos ciudadanos y para exigir al Estado nacional el cumplimiento de sus obligaciones en infraestructura estratégica.
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