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Esta frase claramente no fue escrita por Fernando Whpei.
El poder de Fernando Whpei en Río Negro: créditos usureros, medios y prisión domiciliaria
En la provincia de Río Negro, el grupo económico encabezado por Fernando Whpei logró instalar un mecanismo que permitió aplicar descuentos por planilla a préstamos otorgados a empleados públicos, con condiciones crediticias consideradas abusivas. Paralelamente, el mismo empresario se consolidó como el dueño del conglomerado de medios digitales más amplio de la provincia. Con amplia ventaja sobre sus competidores, en medios y en créditos a empleados públicos Whpei se consolidó a lo largo y ancho de toda la provincia.
Whpei enfrenta cargos por haber solicitado dinero a empresarios a cambio de detener causas judiciales, que estaban en manos de su amigo personal, el juez federal de Rosario Marcelo Martín Bailaque. La acusación contra ambos causó un fuerte revuelo, y en los últimos días, el financista fue beneficiado con prisión domiciliaria, una decisión judicial que reavivó el debate sobre su influencia y el alcance de sus negocios.
La figura de Whpei representa uno de los entramados financieros y comunicacionales más relevantes –y controversiales– de los últimos años en la región. Su estructura empresarial arrastra fallos millonarios por prácticas que fueron denunciadas como abusivas, y hay miles de empleados públicos que aún esperan recuperar lo perdido en el marco de un concurso preventivo de acreedores.
Un esquema financiero cuestionado por todos, menos por los que le “facilitan” esas condiciones.
Desde hace tiempo, Fernando Whpei es un nombre asociado al sector financiero rionegrino, principalmente a través del Grupo Unión. Esta firma ofrecía créditos dirigidos a agentes estatales con una modalidad que fue ampliamente criticada: los pagos se descontaban directamente antes de que los sueldos llegaran al área de liquidaciones del Ministerio de Economía provincial. Las tasas aplicadas eran calificadas como usurarias y dejaban a gran parte de los trabajadores en una situación económica comprometida.
Una jueza de Roca, Agustina Naffa, detectó maniobras de triangulación entre empresas crediticias y mutuales vinculadas a Unión S.A., mediante las cuales se realizaron estos descuentos irregulares a estatales. La magistrada civil apuntó contra Unión S.A., la Asociación Mutual Unión Provincial (UPAM) y la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales. En un fallo, Naffa condenó la conducta empresarial por aplicar descuentos indebidos a un docente de Roca y notificó al Estado sobre esas irregularidades.
La red de “Flash Cash” llegó a tener oficinas en las principales ciudades rionegrinas: Viedma, General Roca, Cipolletti y Bariloche. En la actualidad, todas permanecen cerradas. Otras mutuales que se dedicaban a lo mismo tuvieron que cerrar porque por la ventanilla del Ministerio de Economía solo cobraba la financiera de Whpei, mientras que a mutuales y cooperativas con mayor antigüedad en Rio Negro, se las asfixiaba difiriéndole los pagos.
Medios digitales y una forma de dominación
Además de su rol en el mundo financiero, Whpei avanzó sobre el ecosistema de medios digitales en Río Negro. A través de adquisiciones estratégicas, el financista logró reunir bajo su órbita a varios de los portales informativos más relevantes del territorio rionegrino.
Entre los medios que pasaron a formar parte de su estructura empresarial figuran NoticiasNet (ex Noticias de la Costa), El Cordillerano y AN Roca -y son solo algunos de los primeros medios que decidió adquirir- todos con fuerte presencia regional. Estos portales, en sus respectivas ciudades –Viedma, Bariloche y General Roca– ocupaban lugares destacados en el consumo de información digital, tanto por su llegada al público como por su capacidad de incidir en la agenda informativa.
Este crecimiento empresarial no fue solo una expansión comercial. Le permitió a Whpei construir una posición de poder desde la cual influir sobre la narrativa pública, con capacidad para direccionar temas, encuadrar noticias y condicionar el tono editorial de contenidos periodísticos.
Además del poder simbólico y político que implica controlar medios de comunicación, el conglomerado de Whpei recibió partidas en concepto de pauta oficial del Estado rionegrino. Con sus portales bajo un mismo holding, logró convertirse en el mayor receptor privado de recursos destinados a la publicidad institucional digital, un flujo de fondos que alimentó aún más su influencia y su capacidad de sostener la estructura mediática.
Este esquema, que combinó medios, dinero público y concentración informativa, despertó críticas desde distintos sectores. Observadores del ámbito político y judicial señalaron que la concentración de medios bajo una figura con denuncias penales y causas judiciales en trámite configuraba un riesgo para la pluralidad de voces, y ponía en cuestión la independencia de contenidos que deberían estar destinados al servicio del interés público.
Incluso después de su detención y del escándalo judicial por el que se le imputa haber extorsionado empresarios con el apoyo de un juez federal, el conglomerado mediático no fue desarticulado, lo que marca la magnitud del poder estructural que había alcanzado Fernando Whpei en el terreno comunicacional rionegrino.
Luis Leiva un periodista con larga trayectoria en el ámbito del periodismo policial conocido como “periodismo amarillo” es el que eligió el recluso Whpei para controlar un número importante de medios.
La causa judicial y la prisión domiciliaria
El derrumbe de Whpei comenzó cuando fue imputado en una causa judicial por extorsión. Los fiscales lo señalaron como partícipe de un esquema delictivo junto al juez Bailaque. Ambos habrían exigido dinero a empresarios a cambio de paralizar procesos judiciales en trámite. Las revelaciones generaron un fuerte impacto tanto en el ámbito político como en el judicial.
Sin embargo, en los últimos días, el juez de Garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz hizo lugar al pedido de prisión domiciliaria solicitado por la defensa del financista. Whpei alegó ser el único sostén de su hija, quien tiene síndrome de Down y autismo, y de su pareja, que atraviesa problemas de salud. Los fundamentos fueron aceptados tanto por el juez como por los fiscales, que no se opusieron al cambio de modalidad.
