El escenario político provincial sumó un nuevo capítulo de tensión tras la decisión del partido Primero Río Negro de apelar formalmente el fallo del Tribunal Electoral que rechazó el pedido de revocación de mandato contra el legislador César Domínguez. El referente de la fuerza, Ariel Rivero, calificó la resolución judicial como un «avasallamiento prepotente e injustificado», apuntando directamente contra el accionar de sectores de la justicia que, según su visión, actúan bajo sometimiento político.
A través de un documento oficial, Rivero manifestó su malestar con el juez Carlos Da Silva, a quien acusó de realizar una interpretación conveniente y arbitraria de la Constitución Provincial para favorecer al legislador cuestionado. Para el dirigente, el fallo no solo ignora la deslealtad ética y política de Domínguez, sino que sienta un precedente peligroso para la transparencia institucional. En su descargo, Rivero también vinculó este accionar con situaciones pasadas en la justicia federal, mencionando irregularidades en la conformación de otras fuerzas políticas en la provincia.
La apelación busca, fundamentalmente, sentar jurisprudencia para evitar que representantes electos incumplan con los principios del partido que les brindó la oportunidad de acceder a una banca. Rivero subrayó que, a pesar de que los tiempos procesales podrían permitir que el legislador complete su mandato antes de una sentencia definitiva, la decisión de seguir adelante con la causa responde a la necesidad de fortalecer la calidad democrática y la honestidad en el ejercicio de la actividad política rionegrina.
Finalmente, desde el sector que conduce Rivero insistieron en que no negociarán silencios ante lo que consideran maniobras «dañinas y oscuras» de personajes que priorizan el beneficio personal sobre el respeto a las instituciones. Con este movimiento legal, la disputa se traslada ahora a una instancia superior, donde se deberá definir si la interpretación de la revocatoria de mandato se ajusta a los preceptos constitucionales o si prevalece el criterio de los jueces cuestionados por la fuerza provincial.
