La Junta de Presidentes de las Cámaras Federales de Apelaciones con competencia penal en todo el país emitió un comunicado en el que expresa su “profunda preocupación” frente al proyecto de Presupuesto Nacional 2026 que afecta al Consejo de la Magistratura – Poder Judicial de la Nación. Según el documento, se prevé una disminución general de 8 % en los fondos asignados, y una reducción aún más severa —del 74 %— en el rubro “Bienes de Uso”.
Los magistrados advierten que, de mantenerse esas cifras, “se afectaría gravemente el normal funcionamiento de los tribunales y, con ello, la independencia del Poder Judicial”, elemento que consideran “pilar esencial del Estado de Derecho y garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
En su pronunciamiento, señalan que la suficiencia presupuestaria y la autarquía financiera del sistema judicial son condiciones indispensables para asegurar su efectiva independencia. Y agregan que “el orden constitucional y el imperio de la ley deben prevalecer por sobre coyunturas económicas”.
El comunicado detalla además los riesgos concretos que el recorte implicaría para la operatividad de la justicia penal federal: infraestructura que no se podría mantener, tecnología que no se actualizaría, y el sistema procesal penal federal que no contaría con los recursos necesarios para su plena implementación. En ese sentido, remarcan que la reducción del 74 % en Bienes de Uso “impediría sostener obras, mantenimiento edilicio y actualización tecnológica”, cuestiones que consideran esenciales para un servicio de justicia moderno y eficiente.
Por último, la Junta reafirma su compromiso con la defensa de la independencia judicial y hace un llamado al Legislativo para que revise el presupuesto previsto al Poder Judicial, de modo que se adecúe a “sus reales necesidades” y contribuya a preservar “el equilibrio republicano, la plena vigencia de la Constitución Nacional y el derecho de todos los ciudadanos a una justicia independiente, eficiente y accesible”
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