La gestión municipal de General Roca, encabezada por la intendenta María Emilia Soria, presentó un ambicioso programa de 10 obras viales bajo un esquema de financiación que ha generado fuertes críticas. Según la normativa vigente, el Tesoro municipal no aportará fondos propios; en cambio, el 25% del costo recaerá sobre los frentistas directos y el 75% restante será prorrateado entre los casi 46.000 contribuyentes de la ciudad, incluyendo a aquellos que residen en zonas alejadas y sin servicios básicos. El plan abarca accesos estratégicos como Damas Patricias, Rosario de Santa Fe, San Juan, Avenida Roca, Mendoza, Jujuy y Vintter, además de una serie de arterias ahora denominadas «conectores viales» como Evita, Gelonch, Villegas, 25 de Mayo, Rochdale, Alsina, Güemes y Los Álamos.
A pesar de la existencia de baches críticos en calles como Mendoza, el municipio decidió iniciar las tareas en la calle Güemes, en el tramo comprendido entre Mendoza y Jujuy. La elección de este punto ha despertado suspicacias, dado que en dicha zona el esposo de la jefa comunal y sus hermanos adquirieron tres lotes que anteriormente estaban reservados para una plaza pública. Esta obra, ya licitada por un presupuesto de 2.500 millones de pesos, generará una deuda automática de aproximadamente 40.000 pesos para cada lote de la ciudad, monto que se cobrará en seis cuotas. En paralelo, los vecinos del barrio Quintu Panal ya han manifestado su malestar ante cuotas que alcanzan los 500.000 pesos mensuales por frentes pavimentados, advirtiendo sobre el uso político de los recursos privados.
Para viabilizar este mecanismo, el Ejecutivo municipal impulsó la reforma de la Ordenanza N° 4650, derogando el artículo que prohibía el cobro de tasas antes de la finalización de los trabajos. Este cambio normativo se refleja en el presupuesto del año 2026, donde los «Recursos de Capital» pasaron de 85 millones a más de 7.647 millones de pesos, representando un incremento del 8.900%. Ante esta situación, el conflicto se ha trasladado al ámbito judicial: el Superior Tribunal de Justicia (STJ) derivó el caso al Juzgado Contencioso Administrativo N.º 15 de Roca, donde se deberá resolver si la nueva modalidad de cobro y la ordenanza que la sustenta son constitucionales o si deben ser anuladas.
