En el año 2019, la hoy diputada nacional Lorena Villaverde promocionaba un emprendimiento inmobiliario en Las Grutas, al sur de la provincia de Río Negro. Se trataba de un loteo supuestamente destinado a viviendas familiares. Como muchos, una vecina decidió invertir sus ahorros allí, confiando en la palabra de Villaverde, quien aparecía como la cara visible del proyecto.
La historia, sin embargo, se transformó en una pesadilla: el loteo no contaba con aprobación municipal, nunca se cumplió la entrega pactada y, con el paso del tiempo, quedó claro que el emprendimiento era inviable. Decenas de personas resultaron damnificadas. Algunas iniciaron acciones legales; otras, lograron que la propia Villaverde aceptara acuerdos económicos fuera de la Justicia. Pero no todos fueron tratados igual.
“Ella eligió a quién pagarle y a quién no. A mí, directamente, me bajó el pulgar”, cuenta una de las damnificadas, que decidió contar su historia públicamente a través de redes sociales. Su posteo se viralizó en las últimas horas y volvió a poner el foco sobre el costado más opaco de la diputada y actual candidata al Senado de la Nación.
“Esto no es personal ni político. Es un hecho documentado. Villaverde usó su rol para proyectar una imagen de seriedad que no se condice con lo que hizo después”, explicó en su descargo.
En su caso, Villaverde ordenó a su abogado no acordar absolutamente nada: apelarlo todo, estirar el juicio al máximo y desgastar al denunciante. “No solo incumplió, sino que adoptó una estrategia perversa: cansar, empantanar, discriminar. No hay otra palabra”.
El expediente judicial está en curso. Pero lo más grave, aseguran desde el entorno de otros damnificados, es que Villaverde habría usado su influencia política para evitar responsabilidades concretas, mientras mantiene su banca en el Congreso y despliega su campaña al Senado.
En redes sociales, Villaverde mantiene un perfil activo. Se muestra recorriendo la provincia, hablando de transparencia, de oportunidades y de futuro. Pero ninguna de esas palabras parece coincidir con el testimonio de quienes se vieron perjudicados por el loteo que ella misma promocionaba.
“Una persona que no cumple su palabra, que discrimina entre víctimas, y que usa su poder para esquivar la justicia, no merece un cargo público”, remató la vecina en su publicación.
Mientras la diputada Villaverde sigue su carrera política rumbo al Senado, las familias que confiaron en su palabra siguen esperando. No por revancha, sino por justicia y verdad. La ciudadanía, afirman los damnificados, tendría derecho a saber quién es realmente la legisladora que hoy busca un nuevo cargo público. En ese contexto, exigen responsabilidad, transparencia y que la justicia actúe con celeridad.
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