Tras detectar esta situación en un relevamiento, el IPPV dejó sin efecto la adjudicación mediante la Resolución N° 336/23, publicada en el Boletín Oficial. Luego de que fracasaran los intentos administrativos para lograr la entrega voluntaria del inmueble, el organismo —con intervención de la Fiscalía de Estado— recurrió a la Justicia.
En el expediente se acreditó que, en junio de 2023, una persona se presentó ante el IPPV y reconoció estar viviendo allí junto a su familia. Dijo haber adquirido la vivienda mediante un boleto de compraventa informal con la tenedora anterior y manifestó no conocer la situación legal. Pidió que se revise su caso para poder regularizar la tenencia, pero el organismo concluyó que no cumplía con los requisitos para ser adjudicatario.
Tras agotar las instancias administrativas, la Fiscalía de Estado impulsó el proceso judicial en el marco de la Ley A 2629, que autoriza al Poder Judicial a ordenar la restitución de inmuebles estatales cuando se revoca una tenencia precaria por resolución fundada.
Durante el juicio, la persona que ocupaba la casa aceptó su situación irregular y solicitó un plazo de tres meses para desalojar. La Fiscalía acordó ese pedido y propuso como fecha límite el 2 de agosto de 2025. Sin embargo, la jueza interviniente consideró que ese plazo ya no era aplicable, dado que, al momento de dictarse la sentencia, ya no se cubría el período solicitado ni respetaba el mínimo legal.
Por esta razón, la jueza aplicó directamente el artículo 5 de la Ley A 2629 y ordenó la restitución del inmueble en un plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia.
