La disputa judicial por la restitución de Emma y Sofía, hijas de Sebastián Escalada, suma un nuevo revés. La Cámara Contencioso Administrativo Federal declaró “desierta” la apelación vinculada al pedido de medidas diplomáticas y consulares para exigir a los Estados Unidos la restitución internacional de las niñas.
El conflicto se remonta a 2017, cuando la madre, ciudadana estadounidense, viajó con un permiso judicial por 90 días otorgado por la Justicia de Familia de Río Negro, pese a la oposición del padre. Nunca regresó, incumpliendo la intimación de restitución. Desde entonces, Escalada no volvió a ver a sus hijas, hoy de 14 y 15 años.
La Cámara también rechazó la apelación sobre la acción referida a la omisión de gestionar el ingreso del padre a Estados Unidos para ejercer sus derechos de custodia. En su fallo, los jueces afirmaron que el Estado argentino “no cuenta con herramientas diplomáticas” para garantizar ni el regreso de las niñas ni la entrada del progenitor al país norteamericano.
Escalada, representado por el abogado Leandro Kabakian, adelantó que presentará un recurso extraordinario para que la Corte Suprema revise el caso. El letrado calificó la situación de “quimérica” y remarcó que la Justicia le plantea al padre alternativas poco viables: demandar al Estado argentino, iniciar un litigio en Estados Unidos o denunciar en otras instancias.
El padre sostiene que se vulnera el derecho a un recurso judicial efectivo, contemplado en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. “El Poder Judicial argentino otorgó un permiso en contra de mi voluntad y hoy se lava las manos de su responsabilidad”, expresó.
En paralelo, hace un año y medio, su hija Emma envió una carta al presidente Javier Milei pidiendo ayuda para ver a su padre. El pedido fue derivado a Cancillería, que admitió carecer de competencias para resolver la restitución o gestionar visas, limitándose a promover la colaboración con las autoridades extranjeras.
Mientras tanto, el vínculo entre Escalada y sus hijas sigue interrumpido. El expediente judicial continúa abierto, a la espera de que la Corte Suprema defina si intervendrá en un conflicto que expone las limitaciones del Estado argentino en materia de restitución internacional de menores.
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