El gobierno de Javier Milei dio de baja varios programas ganaderos que funcionaban como herramientas de promoción para las economías regionales, especialmente en la Patagonia. Lo hizo a través del decreto 408/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, en el marco de la reorganización del Estado que impulsa la Ley 27.742.
Entre los regímenes eliminados se encuentra el de Promoción de la Ganadería Ovina y de Llamas (Ley 25.422), uno de los más relevantes para la actividad rural en el sur del país. También se derogaron los programas para la actividad caprina (Ley 26.141), para la ganadería bovina en zonas áridas (Ley 27.066) y para la producción de búfalos (Ley 27.076), junto a sus organismos específicos.
Desde el Gobierno argumentaron que estos programas tenían “baja efectividad” y un “alto costo burocrático”, y que representaban una barrera para implementar políticas agropecuarias más eficaces, alineadas con las prioridades actuales del Ejecutivo.
“El programa ovino, por ejemplo, en 2023 alcanzó a apenas 261 productores sobre un total estimado de 130.000. ¿Qué tipo de programa es ese? ¿Quiénes eran ese 0,2%? ¿Qué impacto podía tener sobre el desarrollo del sector?”, planteó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, durante la presentación de la medida.
Según detalló el funcionario, el costo de sostener la estructura burocrática superaba ampliamente los beneficios distribuidos: “Es evidente que el costo de la burocracia largamente excedía lo repartido”, expresó.
La eliminación de estos programas fue impulsada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, con el objetivo —según señala el decreto— de “optimizar la gestión pública y reducir la intervención estatal en el sector”.
“Con el presidente Javier Milei estamos empeñados en desarmar este sistema de destrucción recíproca y cambiarlo por uno con reglas simples e iguales para todos”, agregó Sturzenegger.
De todos modos, el Gobierno aseguró que cumplirá con los compromisos asumidos mientras estas normativas estuvieron vigentes, y notificó a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso sobre la medida, que ya rige oficialmente desde su publicación.
