El debate por la Ley de Glaciares en el Senado sumó una voz que busca romper con la dicotomía entre ecología y economía. El senador libertario Enzo Fullone fue categórico al solicitar que la minería se convierta en «un segundo campo» para la Argentina, argumentando que el país lleva más de 15 años de estancamiento en la materia mientras naciones vecinas lideran los mercados internacionales.
Fullone puso el foco en las cifras del país trasandino para dimensionar la oportunidad perdida: «Un país como Chile tiene entre el 10% y el 15% de su PBI proveniente de la minería, y representa el 50% de sus ingresos por exportaciones», detalló, señalando la urgencia de actualizar la legislación para permitir un flujo de divisas similar al que hoy aporta el sector agropecuario.
Pese a su fuerte postura pro-inversión, el senador aclaró que el objetivo de la ley debe ser equilibrado. «Buscamos que se siga protegiendo el agua y los glaciares, pero que en pocos años podamos tener un segundo ingreso fuerte como el que hoy tiene Argentina con el campo», sostuvo.
Para Fullone, el impacto de la minería va mucho más allá de la extracción de roca, y utilizó un ejemplo muy cercano para los habitantes de nuestra provincia: la industria energética del Alto Valle.
«Es ilógico pensar que la minería no genera empleo. Al igual que vemos en el Alto Valle con la energía, esta industria desarrolla actividades secundarias masivas como la construcción, la gastronomía y los servicios. Es un círculo virtuoso de desarrollo local y provincial», añadió el legislador.
La comparación con la industria del gas y el petróleo no es menor. El senador libertario busca que el modelo de servicios petroleros que hoy sostiene a ciudades como Roca, Cipolletti y Allen se replique en las zonas cordilleranas a través de la minería. Según su visión, la infraestructura y el empleo que genera una mina en funcionamiento son la clave para revertir la falta de oportunidades en el interior profundo del país.
Las organizaciones ambientales siguiendo de cerca cada modificación al texto de la ley, mientras que el sector productivo ve en las palabras de Fullone un respaldo necesario para avanzar en proyectos que llevan años en lista de espera.
