Desde el entorno presidencial aseguran que el gobierno planea impulsar juicios políticos contra jueces laborales, a quienes consideran responsables del auge de litigios que afectan al sector privado y desalientan inversiones.
La administración de Javier Milei ha comenzado a delinear una estrategia para avanzar sobre la Justicia laboral, un fuero que considera funcional al sindicalismo y contrario a las reformas que busca implementar el Ejecutivo. Así lo señalaron fuentes cercanas a La Libertad Avanza, quienes confirmaron que se pretende activar jurys de enjuiciamiento contra magistrados de ese ámbito.
La iniciativa fue alimentada por el propio presidente, quien retuiteó una publicación del usuario @CoherenciaFavor en la que se alude a una inminente «motosierra para la industria del juicio y los caranchos». En paralelo, voceros del oficialismo plantearon que se buscará exponer a quienes, según su visión, han favorecido fallos contrarios al clima de negocios.
“El fuero laboral ha jugado un rol clave en el ahogo de las pymes y en frenar inversiones”, expresaron a Infobae, en referencia al impacto de algunas decisiones judiciales. Además, pusieron en duda la transparencia del estilo de vida de algunos jueces, a quienes acusan de tener «impunidad» y de actuar con criterios «atrasados cien años».
Según explicó el mismo medio, el plan contempla analizar de forma sistemática las sentencias dictadas por los tribunales laborales. La intención es recolectar estadísticas que muestren una supuesta parcialidad estructural en favor de los sindicatos.
El trasfondo inmediato de esta avanzada es la preocupación por el crecimiento de litigios en el Sistema de Riesgos del Trabajo, que se proyecta como récord en 2025. En este contexto, los funcionarios consultados atribuyen ese fenómeno a un sistema judicial que, aseguran, obstaculiza el rumbo político del gobierno.
En concreto, mencionan como señales los fallos que suspendieron o declararon inconstitucionales artículos clave de varios Decretos de Necesidad y Urgencia impulsados por Milei: el DNU 70 —que incluye un capítulo laboral—, el DNU 340 —que modifica el derecho a huelga en 17 actividades— y el DNU 430 —que elimina el feriado del Día del Trabajador Estatal—.
Frente a esa resistencia judicial, el oficialismo observa con expectativas el rol del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires. Esto se debe a un fallo de la Corte Suprema de diciembre pasado, que habilitó a ese tribunal a intervenir en causas civiles, laborales, penales y comerciales.
Aunque la medida fue rechazada por buena parte del Poder Judicial nacional, por considerarla fuera de las atribuciones de la Corte, el gobierno cree que podría ser la vía para avanzar en el traspaso de juzgados a la órbita porteña, cumpliendo con el espíritu de la reforma constitucional de 1994.
No obstante, desde el Ejecutivo reconocen que sin ese traspaso, el margen legal de acción es muy limitado. Por eso, La Libertad Avanza apuesta a ampliar su presencia en el Congreso en las elecciones de octubre, lo que permitiría impulsar una reforma en el funcionamiento del fuero laboral.
