El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó el miércoles por la noche que hizo efectiva la presentación de su declaración jurada de bienes. Durante una entrevista televisiva en la señal LN+, el funcionario nacional reconoció públicamente que junto a su esposa, Bettina Angeletti, mantuvieron fondos fuera del circuito legal del sistema financiero. Al fundamentar la procedencia y el manejo de ese capital, el jefe de ministros aseguró de manera abierta que ahorraron en negro «como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar», vinculando la decisión a una modalidad de protección frente a la gestión de las administraciones anteriores en el sector privado.
En su descargo, Adorni detalló el origen de los fondos que componen su patrimonio y que sembraron los cuestionamientos en las últimas semanas. Explicó que su primer capital importante devino del fallecimiento de su padre en el año 2002, cuando hallaron dinero en efectivo dentro de su departamento. A ese monto inicial sumó una fuerte apuesta financiera realizada hace más de 13 años en el mercado de criptomonedas. Según los datos precisados por el propio funcionario, invirtieron inicialmente 200 mil dólares en bitcoins y lograron obtener una ganancia neta de 300 mil dólares, operatoria que tampoco fue reportada oportunamente a los organismos de control tributario.
La admisión del ministro contrasta directamente con las declaraciones que él mismo había formulado en marzo de este año, cuando en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada afirmó que la totalidad de sus bienes estaban debidamente registrados ante los entes correspondientes. Respecto a los motivos por los cuales la presentación formal contenía omisiones, el jefe de Gabinete atribuyó la situación a un error administrativo de arrastre cometido al momento de asumir en el Gobierno en diciembre de 2023, desligándose de cualquier sospecha de corrupción al remarcar que toda su trayectoria laboral previa, desde los 18 años, se desarrolló de manera exclusiva dentro del ámbito corporativo privado.
En este nuevo escenario, y bajo el peso de una denuncia formal en su contra por el estado de sus cuentas, el funcionario optó por adherirse al régimen simplificado de Ganancias contemplado en la Ley 27.799 de Inocencia Fiscal. Si bien esta normativa le permite regularizar su situación frente a la Administración Federal de Ingresos Públicos y mitigar el impacto de eventuales sanciones o reclamos de índole puramente impositiva, la presentación de los papeles no desactiva los expedientes en curso ni lo exime de tener que brindar las explicaciones técnicas correspondientes ante los requerimientos de la Justicia penal.
