La administración nacional decidió finalmente convalidar, sin aplicar los filtros o techos que sobrevolaron las negociaciones de las últimas semanas, el acuerdo salarial alcanzado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS). La homologación del convenio, que se conoció en las últimas horas, desarticula lo que amenazaba con ser un nuevo foco de conflicto entre la Casa Rosada y la CGT, en un contexto donde cada punto porcentual se discute bajo la lupa del equilibrio fiscal y la contención de la inflación.
El acuerdo ratificado beneficia de manera directa a la estructura gremial más numerosa del país, con una base que supera el millón de trabajadores bajo el convenio 130/75. Según los términos firmados por Cavalieri y las cámaras empresarias (CAC, CAME y UDECA), el incremento se aplicará de forma escalonada, permitiendo que los sueldos básicos del sector mercantil comiencen a percibirse con las nuevas escalas de manera inmediata. La decisión oficial de no intervenir los porcentajes pactados se interpreta en los pasillos de la Secretaría de Trabajo como una apuesta por la «paz social», priorizando la fluidez en el consumo interno que genera el sector comercio por sobre una política de topes salariales rígidos.
Desde el sector sindical, la noticia fue recibida con una cautela estratégica. Si bien el gremio de Comercio suele marcar el pulso del resto de las paritarias por su volumen, otros sectores de la central obrera observan este movimiento como un caso testigo. Para el Gobierno, la homologación operó como una válvula de escape necesaria: en un escenario de paros sectoriales y movilizaciones latentes, evitar que el sindicato con mayor capilaridad del país se sumara a la confrontación directa permite ganar tiempo y previsibilidad en la agenda laboral del segundo trimestre del año.
