Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola rechazaron el pedido de arresto domiciliario presentado por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa «Vialidad», en la que fue condenada a 6 años de prisión por corrupción en la obra pública.
Según argumentaron los representantes del Ministerio Público Fiscal, «no hay razones objetivas» que justifiquen el beneficio de la prisión domiciliaria, ni tampoco se acredita un estado de salud que la imposibilite para una eventual detención en un establecimiento del Servicio Penitenciario.
La decisión final ahora recae sobre el juez Rodrigo Giménez Uriburu, quien deberá resolver si hace lugar o no a la solicitud de la defensa, encabezada por el abogado Carlos Beraldi.
El fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, que confirmó la condena en su contra, dejó firme la declaración de culpabilidad, aunque aún resta que la Corte Suprema se expida para que la pena quede ejecutoriada.
Desde el entorno de la expresidenta insisten en que se trata de una persecución judicial, mientras que los fiscales ratifican que se respetaron todas las garantías procesales.
Mientras tanto, el debate social y político sigue polarizado, con un sector que pide cárcel efectiva y otro que insiste en la inocencia de Cristina Fernández.
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