El proyecto destinado a reformar y desregular la actividad farmacéutica en Río Negro dio un paso fundamental este martes al obtener el dictamen de mayoría en la Comisión de Asuntos Sociales. Durante una jornada de intenso debate parlamentario, que contó con la presencia del Ministro de Salud y representantes del Colegio de Farmacéuticos, el oficialismo logró avanzar con la iniciativa, aunque debió admitir la necesidad de revisar los puntos más controvertidos ante los planteos de la oposición y de los profesionales del sector. El compromiso de las autoridades gubernamentales es analizar las modificaciones sugeridas antes de que el texto llegue al recinto para su tratamiento definitivo en las próximas sesiones.
En el transcurso del encuentro, los legisladores y los actores del sistema sanitario alcanzaron coincidencias significativas respecto a la modernización tecnológica del servicio. Hubo un consenso generalizado sobre la importancia de implementar herramientas como la receta electrónica, la telefarmacia y sistemas más estrictos de trazabilidad para los medicamentos. Asimismo, se ratificó de manera unánime el rol de la farmacia como una extensión vital del sistema de salud pública y la figura del farmacéutico como un garante indispensable para la seguridad de los pacientes, destacando la necesidad de fortalecer el acceso a los remedios en cada rincón de la geografía provincial.
Sin embargo, el clima de acuerdo se diluyó al abordar la posible flexibilización del régimen de distancias y la apertura de la propiedad a nuevas formas de sociedades comerciales. Desde el sector farmacéutico advirtieron con firmeza que la eliminación de los límites territoriales actuales provocaría un traslado masivo de los establecimientos hacia las zonas de mayor rentabilidad económica, lo que dejaría desabastecidos a los barrios periféricos y a las localidades más pequeñas que hoy cuentan con cobertura gracias a la regulación vigente. Además, expresaron una profunda preocupación por el posible desembarco de grandes capitales privados que podrían comprometer la independencia profesional de los farmacéuticos frente a objetivos meramente mercantiles.
Desde el bloque oficialista, el legislador Facundo López defendió la propuesta argumentando que la normativa actual no ha logrado una distribución equitativa del servicio, citando como ejemplo la fuerte concentración de farmacias en los centros urbanos de ciudades como Viedma a pesar de las restricciones de distancia. No obstante, López confirmó que tanto la composición de las sociedades como la regulación de los metros de cercanía serán evaluados nuevamente para alcanzar una ley que genere el mayor consenso posible. El legislador remarcó que el objetivo central sigue siendo el ciudadano y que los puntos en discusión serán pulidos para garantizar un acceso equitativo.
Por su parte, desde la oposición surgieron cuestionamientos que apuntaron tanto al contenido del proyecto como al proceso de elaboración. El legislador Juan Martín, del PRO, advirtió sobre la falta de diálogo previo con los profesionales, señalando que avanzar sin interacción con los protagonistas del sector podría convertir a la norma en una herramienta estéril. En la misma línea, la legisladora Ayelén Spósito, de Vamos con Todos, manifestó sus dudas sobre si eliminar las distancias realmente fomentará la apertura de farmacias en lugares donde hoy no existen. Con el dictamen ya aprobado, el proyecto entra ahora en una etapa de negociaciones finales para intentar acercar las posiciones más distantes antes de su votación.
