El proyecto de “refundar el Estado” impulsado por Javier Milei enfrenta una crisis múltiple que deja en claro la persistencia de los mismos problemas estructurales: El INDEC atraviesa una fuerte crisis interna con renuncias, conflictos y decisiones que parecen buscar reducir la percepción real de inflación. En el contexto de una campaña electoral, esta manipulación pone en tela de juicio la transparencia oficial.
Una filtración de audios provocó la renuncia (o remoción) del director de la Agencia Nacional de Discapacidad. En las conversaciones se habla de exigencia de pagos extra a prestadores para firmar contratos, con implicaciones que apuntan al círculo íntimo de Milei. El operativo judicial que siguió, con allanamientos, detenciones y sumas secuestradas, es un golpe duro al discurso de ética en la cúpula presidencial.
Senadores y diputados bloquearon decretos que proponían disolver organismos como Vialidad Nacional, el INTA, el INTI y otros. Fue un revés contundente, que mostró que la institucionalidad aún funciona a pesar del centralismo impulsado desde el Ejecutivo.
Declaraciones de funcionarios admiten dificultades reales con el acceso al crédito y la sustentabilidad económica. La idea de un orden económico sólido choca con la precariedad del financiamiento externo y las tensiones internas en la coalición gobernante.
¿Cambio real o reciclaje de la vieja política?
Milei llegó prometiendo romper con la casta política y erradicar la corrupción. Pero los hechos recientes —estadísticas turbias, denuncias sobre ANDIS, fracasos legislativos— revelan que la corrosión del sistema está tan arraigada, que ni una reforma libertaria parece inmunizarse.
La pregunta implícita es si Milei actuará con coherencia: ¿investigará a su propio entorno? ¿afianzará mecanismos transparentes? ¿o gobernará desde el autoritarismo front-end, desconfiando del Congreso y los medios?
